La asociación indicó en un comunicado que se trata de una normativa con un “defecto de fondo”, que sigue amparando los intereses y el lucro de la banca a costa de usuarios “poco atractivos”, puesto que el establecimiento de cualquier tipo de comisiones vulnera la garantía recogida en el principio de acceso universal a los servicios financieros.

Además, opinó que existen también desventajas en forma de carga burocrática, puesto que estas cuentas implican la actualización de la acreditación periódica de la vulnerabilidad o el riesgo de exclusión social al usuario.

Pardos dijo que “en España no existía exclusión financiera, habría que tener mucho cuidado para que no se produzca en las actuales circunstancias”, y añadió que “la vulnerabilidad en España ha avanzado hacia unos niveles que podrían contradecir el espíritu de la directiva, que es eliminar cualquier posibilidad de exclusión financiera”.

La asociación cree que el real decreto se olvida de la realidad social. Por eso, Adicae pidió que se extiendan los supuestos de esta vulnerabilidad para que sean más los consumidores los que se puedan beneficiar de las ventajas de la gratuidad. La asociación opina que se deberían tener en cuenta otros factores como la situación de dependencia o incapacidad laboral, parados mayores de 52 años, víctimas de violencia de género o aquellas personas que paguen más del 40% de sus ingresos netos de la unidad familiar en una hipoteca.

El presidente concluyó que “las cuentas básicas llegarán a tener que ser gratuitas porque el negocio de la banca tiene que ser otro y corren el riesgo de no llevar a cabo esa labor social que quería Europa y convertirlo en posible causa de marginación”.