La evaluación anterior tuvo lugar en 2011, y entonces el comité realizó algunas críticas a España, aspectos que según declaró a Servimedia la propia Carcedo, "esta vez esperamos superar con sobresaliente".

Entre los principales avances, Carcedo destacó hoy la reforma de la ley electoral por la que unas 100.000 personas que habían sido incapacitadas judicialmente recuperaron su derecho al voto, que podrán ejercer por primera vez en los comicios del 28 de abril.

También subrayó la actualización del catálogo de productos ortoprotésicos con la incorporación de unas 50 nuevas referencias, y el establecimiento del 3 de mayo como Día Nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en coincidencia con la fecha en que España ratificó dicho tratado.

Otras mejoras en el ámbito de la discapacidad que el Gobierno defendió en Ginebra tenían que ver con la constitución de un grupo de expertos para estudiar la supresión de la esterilización acordada judicialmente sin el consentimiento pleno y otorgado con conocimiento de causa de las personas con discapacidad; las mejoras de la accesiblidad en edificios; la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución para sustituir la palabra “disminuidos” por “personas con discapacidad” y reemplazar la concepción médico-rehabilitadora y asistencial por el enfoque “convencionalista”, basado en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad, y la aprobación del anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que abarca el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.

Otra de de las recomendaciones que hizo el Comité en 2011 y sobre las que se está trabajando es la “revisión de sus disposiciones legislativas que autorizan la privación de la libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o intelectuales”. De hecho, el internamiento involuntario será configurado como una medida extraordinaria y excepcional orientada a responder a situaciones graves y urgentes en las que resulten insuficientes otros mecanismos de protección alternativos menos restrictivos, subrayó Carcedo.

EDUCACIÓN

Por otra parte, la delegación española subrayó que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de Educación Especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. También presentó Carcedo el proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación, que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo el articulado.

Este texto establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años –y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030–, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad.