El estudio señala que las comunidades autónomas cumplen de media el 77% de esas exigencias legales. El País Vasco es la comunidad autónoma más avanzada en funcionamiento digital, al cumplir el 94,7% de estas exigencias, seguido de Galicia (con un cumplimiento del 94,2%), Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%).

Por el contrario, Extremadura es la región con peor desempeño al cumplir menos de la mitad de los requerimientos básicos (concretamente, el 47,9%). A ésta le siguen Aragón (cumple el 51,2%), Navarra (66,5%), La Rioja (67,4%) y Castilla-La Mancha (71,4%).

En lo que respecta a las diputaciones y cabildos, el análisis de EY pone de manifiesto que cumplen de media el 64% de los requerimientos básicos. Las Diputaciones de Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Vizcaya y el Cabildo de Gran Canaria son, por este orden, las que más se acercan a la digitalización básica que exigirá la Ley en 2020 al cumplir entre el 96,5% y el 81,4% de las exigencias contenidas en estas leyes. En el lado contrario figuran el Cabildo de La Gomera y las Diputaciones de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Soria con porcentajes de cumplimiento que oscilan entre el 0,9% y el 37,2%.

Por su parte, el análisis realizado entre los principales ayuntamientos españoles determina que la media de cumplimiento básico se sitúa en un 64,5%. El consistorio de Valencia es el que mejor adecúa sus procedimientos digitales a los requerimientos básicos que marca la normativa (cumple el 87% de ellos), seguido de los Ayuntamientos de Hospitalet (82,8%), Madrid y Málaga (ambos con un 81,4%), y Barcelona (79,1%). Por el contrario, los Ayuntamientos de Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña son los menos avanzados en funcionamiento digital, llegando a cumplir en el primer caso tan solo el 0,5% de las obligaciones básicas.

PORTALES WEB

Por lo que se refiere al portal web, 16 de las 17 comunidades autónomas (94,1%) cumplen el 100% de los requerimientos sobre esta materia recogidos en estas dos leyes, al contar con un portal web que permite realizar procesos de participación ciudadana por medios electrónicos en relación a proyectos de desarrollo normativo. En el caso de las diputaciones y cabildos, son 25 los que lo cumplen (el 48,1%), mientras que en los ayuntamientos son 13 de los 21 analizados en este estudio (es decir, el 61,9%).

El estudio concluye que sólo ocho comunidades autónomas (47,1%) permiten que los ciudadanos puedan relacionarse con la administración a través de su sede electrónica al cumplir todos los requerimientos exigidos en esta materia en ambas leyes. En el caso de las diputaciones y cabildos, sólo cumplen 14 de ellos (26,9% del total), y en los ayuntamientos, el 57,1% (12 de los 21 analizados).

Entre las causas principales que explican este incumplimiento destacan la ausencia de procedimientos telemáticos y la imposibilidad de presentar de manera satisfactoria una solicitud en el registro electrónico.

En lo relativo a asistencia al ciudadano por medios electrónicos, 10 de las 17 comunidades autónomas (58,8%) cumplen el 100% de los requerimientos, un porcentaje que se sitúa en el 42,3% en las diputaciones y cabildos y en el 47,6% en el caso de los ayuntamientos (es decir, cumplen todas las exigencias 10 de los 21 ayuntamientos examinados).

La legislación exige que las administraciones no sólo ofrezcan sistemas de identificación y métodos de firma eficientes, sino que asistan a los ciudadanos y empresas en su utilización para que puedan relacionarse correctamente con la administración. En este sentido, sólo cuatro comunidades autónomas (23,5%), cinco diputaciones o cabildos (9,6%) y dos ayuntamientos de los 21 analizados (9,5%) cumplen todos los requerimientos sobre esta materia.

El estudio revela, además, que nueve comunidades autónomas no cumplen con dos de las principales exigencias sobre esta materia (utilización de sistemas de firma electrónica por parte de entidades públicas y usabilidad de los mismos) y se considera que no disponen de firma electrónica habilitada. Igualmente, esto sucede en el 67,3% de las diputaciones y cabildos y en el 66,7% de los ayuntamientos evaluados.