En declaraciones a Servimedia con motivo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que se conmemora este 15 de marzo, Castro subrayó que los actos de los consumidores “están generando problemas al planeta” y que, por esta razón, “tenemos que empezar a responsabilizarnos individualmente sobre la responsabilidad social cuando consumimos”.

“Pensemos que podemos estar consumiendo productos que conllevan explotación infantil o medioambiental”, precisó, para también reconocer el “cambio generacional” entre los jóvenes que “presentan reclamaciones inmediatamente y con mucha más facilidad cuando tienen algún problema” y las personas mayores, “siempre más renuentes” a hacerlo.

Por otra parte, insistió en la “idoneidad” de impulsar una “Fiscalía especializada en consumo”. “La Fiscalía General del Estado tiene previsto, desde una circular del año 2018, que haya fiscalías de consumo a nivel provincial”, recordó, al tiempo que consideró que es un asunto “que habrá que abordar con cierta cautela desde el punto de vista de los recursos disponibles”, al igual que la creación de una Agencia de Protección al Consumidor Financiero, que, según Castro, “se encuentra en proyecto desde hace mucho tiempo”.

Asimismo, asumió la urgencia de “mejorar, indiscutiblemente, los procedimientos de trabajo”. “Tendríamos que mejorar, indiscutiblemente, los procedimientos de trabajo”, agregó, al tiempo que admitió que los “recursos e instrumentos los tenemos”.

Castro defendió que la administración “está siempre preocupada por todo aquello que concierne a los derechos de los consumidores” y que la labor de la Dirección General de Consumo es “coordinar y cooperar” con las autoridades de consumo de las comunidades autónomas, que tienen la competencia para inspeccionar y establecer sanciones en este ámbito a través de sus planes específicos de vigilancia y control de mercados.

Junto a ello, la Dirección General, a través de la Comisión de Cooperación de Consumo, establece una programación anual de campañas de control a nivel nacional en el área de alimentación, servicios y productos industriales. A pesar de ello, es consciente de la imposibilidad de “vigilar al 100%”.

Aunque de momento no se está produciendo, el director General de Consumo reconoció “cierta preocupación” por el hecho de que puedan distinguirse “dos niveles de protección y vigilancia entre los consumidores de unos territorios y de otros”.

FRAUDES MASIVOS

Con respecto a los fraudes masivos como el destapado en torno al caso iDental, admitió que, cuando “hay un desaprensivo en el mercado, la administración siempre actúa, de alguna forma, con cierto retraso”.

“El caso se abordó desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de la crisis, otra cosa muy diferente es que sus gestores tenían premeditado todo un plan”, puntualizó, para, a continuación, asumir que resulta “muy difícil evitar un fraude cuando alguien está intentando hacer algo presuntamente delictivo como en este caso” en un sector “con una normativa específica y sectorial que va mucho más allá de las autoridades de consumo” y que ofrece un servicio “de carácter masivo que, de alguna forma, el cien por cien de la ciudadanía usa”.

Para Castro, España ha avanzado “de forma notoria” desde la entrada en vigor, en 1984, de la primera ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, vigente hasta el 1 de diciembre de 2007.

En este punto, recordó que, “en breve” el ordenamiento jurídico español incorporará las modificaciones que se están llevando a cabo de las directivas relativas a los derechos de los usuarios, competencia desleal, precios y cláusulas abusivas. Asimismo, a lo largo de 2020 se incorporarán “los aspectos relacionados con las tecnologías de la información” y, en este sentido, “los bienes digitales será la próxima incorporación a nuestro texto refundido”, informó.

Dicha trasposición permitirá preservar, “de forma más amplia, las garantías que tenemos en este momento” así como “incrementar algunas obligaciones en relación con plataformas prestadoras de servicios”, entre otras cuestiones.