En una entrevista concedida a Servimedia, la titular de Hacienda se refirió así a los problemas jurídicos que se está encontrando el Gobierno de Pedro Sánchez para poder cumplir su objetivo de actualizar las entregas a cuenta sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado. “Soy cabezona y no me voy a dar por vencida”, afirmó.

Para la ministra “la financiación de las comunidades autónomas y las corporaciones locales en la estructura constitucional no debería estar supeditada a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”. “Decir que a una comunidad autónoma no se le puedan actualizar sus entregas a cuenta, que es su fuente de ingresos fundamental y por la que componen sus propios presupuestos, sin que estén los del Estado, es supeditar la autonomía de las autonomías a la propia actividad de Gobierno”, afirmó.

Por ello, Montero se mostró a favor de que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas se puedan actualizar sin aprobar los Presupuestos del Estado. En este sentido, explicó que “las comunidades autónomas participan de la recaudación y por tanto su financiación debería ser independiente, porque la recaudación está, más allá de que el Estado pueda gastar más o menos”.

“Pero el problema es que el modelo del sistema de financiación, además de participar de la recaudación, hace que las comunidades participen de unos fondos que sí se aprueban en los Presupuestos”, prosiguió explicando la ministra, para a continuación indicar que esto hace que “el modelo no permite romper ambas cuestiones”.

“Mi idea primera era que me dejaran partir esto y que pudiera comunicar la actualización de entregas a cuenta sin tener en cuenta la parte de los fondos, que ya sé yo que no se pueden actualizar hasta que se aprueben los Presupuestos”, indicó.

De esta forma, la titular de Hacienda aseguró que “sigo discutiendo con la Abogacía del Estado” porque “no es el espíritu constitucional que las comunidades no puedan actualizar sin tener aprobados los PGE; deberían ser cuestiones distintas”. “Por ahora no hemos encontrado la fórmula”, aseveró, marcándose como plazo la celebración de las elecciones “para tener resuelto este escollo legal”.