Sin embargo, como la recaudación por IRPF en 2018 fue superior a la del año anterior, la cifra real a repartir será algo mayor, aunque de momento se desconoce la cantidad exacta, según explicó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que hoy presidió en Madrid.

Carcedo señaló que el acuerdo se alcanzó por “unanimidad” y que su intención es publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “de forma inmediata, posiblemente la próxima semana, para que las comunidades puedan iniciar la tramitación necesaria para poner en marcha sus propias convocatorias de ayudas”.

Al decidir un reparto equivalente al de 2018, todas las autonomías tienen la garantía de que, como mínimo, recibirán una cantidad igual a la que percibieron entonces, si bien el importe exacto se conocerá cuando concluya la liquidación de todo el IRPF correspondiente a 2018.

Será la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que forman los directores generales de las comunidades autónomas y representantes del ministerio, el órgano encargado de decidir los criterios de reparto.

De momento, las comunidades autónomas gestionarán alrededor de cuatro quintas partes de esos casi 252 millones de euros, mientras que el Estado se ocupará del resto. Reparto consecuencia de la sentencia que certificó el traspaso de esta competencia a las comunidades autónomas. Tras la sentencia del alto tribunal que respaldó el traspaso de la gestión de estas ayudas a las comunidades autónomas, éstas se ocupan de gestionar el 80,4% de las subvenciones, mientras que el 19,6% restante corresponde al Estado.

Carcedo informó también a los consejeros sobre la puesta en marcha de la casilla para ‘fines sociales’ en el Impuesto de Sociedades, que entrará en vigor en la declaración de la renta de 2019.

También abordaron el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Videncia, el Plan Nacional contra Alzheimer, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Infantil, el estado de la Estrategia para la Inclusión de la Población Gitana 2012-2020 y el nuevo servicio de información sobre servicios sociales.