Sin embargo, como la recaudación por IRPF en 2018 fue superior a la del año anterior, la cifra real a repartir será algo mayor, aunque de momento se desconoce la cantidad exacta, según explicó la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que hoy presidió en Madrid la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar social, María Luisa Carcedo.

Broto manifestó que en la reunión se acordó que “el reparto inicial será igual al del año pasado. Eso permitirá a las comunidades autónomas poner en marcha nuestras convocatorias de ayudas para las entidades sociales”

En cuanto al extra que se conocerá cuando concluya la liquidación del IRPF de 2018, será la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que forman los directores generales de las comunidades autónomas y representantes del ministerio, el órgano encargado de decidir los criterios de reparto.

De momento, las comunidades autónomas gestionarán alrededor de cuatro quintas partes de esos casi 252 millones de euros, mientras que el Estado se ocupará del resto. Reparto consecuencia de la sentencia que certificó el traspaso de esta competencia a las comunidades autónomas.