Así lo anunció Cabify, que en una nota denunció que ha asumido una serie de costes que no tiene el deber jurídico de soportar.

Según explica Cabify, esta decisión, que no implica la conformidad de la compañía con la nueva normativa de la Generalitat, se produce por el “compromiso con la ciudad, sus usuarios, sus empleados, colaboradores conductores y con toda su red de empresas asociadas que también trabajan en favor del desarrollo de la economía digital y la movilidad sostenible en Cataluña y en España”.

La nueva operativa que ahora lanza Cabify supone un cambio significativo en sus condiciones de operación, pasando a prestar el servicio de alquiler de vehículos de transporte con conductor (VTC).

Por ello, el usuario que haya viajado alguna vez en Cataluña con Cabify y quiera seguir haciéndolo, antes de volver a hacerlo tendrá que aceptar unas nuevas condiciones de contratación acordes a la distinta naturaleza del servicio que la compañía prestaba ahora en Cataluña.

De inicio, trabajará con una flota cercana a 300 coches, lo que puede dar lugar a alguna demora superior a lo deseable en horas de alta demanda. En todo caso, Cabify redobla su compromiso con mantener un alto estándar de servicio e ir agregando nuevos operadores de VTC.

Este nuevo modelo implica renunciar a la operativa general de Cabify de gestión del servicio como agencia de viajes, que no impone al usuario restricción alguna al tiempo de precontratación previo, y que se adapta mucho mejor tanto a la demanda y necesidades de los usuarios como al derecho a la libertad de empresa reconocido por la Constitución española y el Derecho de la Unión Europea, defiende la compañía.

A este respecto, asegura que la adopción de este nuevo modelo se asienta en el convencimiento de que la situación será transitoria, y de que el decreto ley aprobado por la Generalitat será declarado nulo por los tribunales en un futuro próximo.

De lo contrario, Cabify advierte de que “volvería a verse forzada a plantearse su continuidad en Cataluña”.