La asociación considera que el real decreto debería haberse aprobado desde el consenso y el diálogo con todos los actores sectoriales, ya que la claridad y la sostenibilidad de la regulación son elementos fundamentales para garantizar una seguridad jurídica real en el sector.

Asprima sostiene que no es conveniente, ni para el mercado ni para la sociedad, intervenir en los tiempos para incrementar el precio de los alquileres, que se realizará en función del IPC. En el caso de las personas físicas pasa de tres a cinco años y en las personas jurídicas se incrementa de cinco a siete años, diferenciación que considera que no tiene sentido puesto que la naturaleza del servicio es la vivienda de alquiler y no su titularidad.

Entre las diferentes medidas que se recogen en el texto, Asprima entiende que el establecimiento de un índice de precios, aunque puede aportar transparencia, también puede provocar que se limite el libre mercado, ya que desincentivaría la oferta de viviendas y, por consiguiente, un incrementaría de los precios.

El real decreto recoge también en su texto una exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos de la vivienda turística para su regulación por las comunidades autónomas, lo que, para la asociación, está lejos de simplificar la normativa y aportar claridad al mercado.

Al tiempo, advierte de que la aprobación del real decreto puede conllevar un aumento en la desconfianza inversora. No obstante, si la intención del Ejecutivo es reducir el papel de los fondos de inversión en el sector inmobiliario español, recuerda que la cuota de mercado de estos es muy reducida, en concreto del 3%.