El informe había sido recurrido por Leonardo Falcó Rodríguez, que dirigió su acción contra el Gobierno local de San Lorenzo del Escorial, cuya alcaldesa es Blanca Juárez, de un partido independiente y al que apoyan PSOE, Podemos y otras formaciones. El recurrente había pedido la suspensión del informe municipal que declaraba “admisibles” las actuaciones urbanísticas en el Valle de los Caídos para sacar a Franco de su sepultura.

A este respecto, el juez suspende la exhumación al dar crédito al dictamen pericial realizado por dos arquitectos, en el que se apunta “que falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”.

“PELIGRO” PARA LAS PERSONAS

El magistrado, tras los argumentos aportados por estos expertos, considera que la losa que cubre los restos del dictador pesa unos 2.000 kilogramos, por lo que su retirada puede “desestabilizar el conjunto, al menos en la autorizada opinión de dos profesionales en la materia”.

Al mismo tiempo, el juez entiende que no hay “especial urgencia” en trasladar los restos de Franco, “puesto que lleva enterrado en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos desde el día 23 de noviembre de 1975, es decir, más de 44 años”.

Por todo ello, el instructor acuerda suspender el “informe preceptivo” del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, al no ver urgencia en la exhumación del anterior jefe del Estado y hacerlo sin estudios ulteriores puede “poner en peligro la vida humana”, al existir “dudas acerca de las condiciones de seguridad”.