Según informó este martes la Policía Nacional, las actuaciones se han realizado en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora.

Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre hechos ilícitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras el análisis de la documentación, se observó que, “con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio”.

Los 59 detenidos han resultado ser principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros, así como familiares de los primeros. Se les imputan delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, grupo criminal, delito contra el derecho de los trabajadores y apropiación indebida.

Avanzadas las investigaciones se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas con el fin de que pueda solicitarse el embargo de los bienes localizados.

GRUPO DEDICADO A LA ENSEÑANZA

En Madrid se ha desarticulado un grupo empresarial no transparente dedicado a la enseñanza, “creado con la intención de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban”. Tres de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores, generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y personal.

Elegían diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo empresarial, recibidos principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro educativo internacional situado en Madrid, que hacía de unión entre todas las mercantiles.

El director del centro educativo orquestó presuntamente el fraude a la Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en las que había una plantilla única y patrimonio social confundido, existiendo trasvase de trabajadores sin conocimiento de éstos ya que sus labores siempre eran similares en el mismo lugar.

Sólo en el año 2017, dos de las empresas pantalla recibieron un volumen de 6.478.414,3 euros que fueron desviados desde las empresas deudoras, si bien la deuda generada a la Seguridad Social desde 2011 por este grupo asciende a 4.204.739,33 euros.

El responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión se le detuvo por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

Por otro lado, en la provincia de León se ha detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la explotación de canteras, así como a sus testaferros, que no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que habían tenido de alta desde el año 2009, generando a la Seguridad Social una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros.