Álvarez Conde, que se negó a contestar preguntas de los miembros de la comisión por estar judicializado este asunto, leyó un comunicado en el que dijo que “mi silencio desde que se judicializaron los hechos no es una confesión, sino una prudente expresión del derecho de defensa, pero no renuncio a las acciones legales pertinentes contra las personas que han procurado mi muerte social y académica con la violación de derechos fundamentales”.

Dijo que “siempre” actuó “dentro de la legalidad” y afirmó que “mi único error fue no haberme sustraído en marzo de 2018 a las fuertes presiones del Rectorado y de la Comunidad de Madrid”.

A su juicio, su “error” fue “estar en el lugar y en el momento más inoportuno” y aseguró que todo se debió a las “luchas interpartidarias y académicas, en las que no había participado, y fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores. Ese es mi pecado capital y he sido vapuleado por ello”.

También se negó a declarar Cecilia Rosado Villaverde, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, sobre presuntas irregularidades detectadas en el Instituto de Derecho Público en el que impartía su asignatura.