Así se recoge en un real decreto que prepara el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska y que complementa la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, de 2015, que reconoce en su preámbulo la importancia de tener en cuenta la vulnerabilidad de las personas ante amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas, y alude a la “inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad” como principios rectores en las actuaciones.

Esa ley establece que los poderes públicos velarán para que se adopten medidas específicas que garanticen que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, sean atendidas e informadas en casos de emergencia y participen en los planes de protección civil.

El borrador de real decreto del Ministerio del Interior, al que tuvo acceso Servimedia y que el próximo domingo se abrirá a consulta pública para que los ciudadanos o entidades interesadas aporten sugerencias, modifica las directrices básicas de planificación y los planes estatales de Protección Civil ante diversas situaciones.

Se trata de los riesgos de inundaciones, sísmico, volcánico, radiológico, de maremotos, de accidentes en transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, y de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas, así como por emergencia nuclear o incendios forestales.

Las políticas públicas de protección civil desarrolladas en las últimas décadas han ayudado a disminuir el grado de vulnerabilidad de la población en general. Sin embargo, el texto de Interior considera “necesario mejorar la atención y la protección de aquellos colectivos que por sus características sociales o personales puedan encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad ante catástrofes o emergencias”.

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS

La nueva norma alude a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en pie de igualdad con otras personas, y al Marco de Sendai de la ONU para reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres.

Con el futuro real decreto, las directrices básicas y planes de protección civil deberán contener programas de información y comunicación preventiva y de alerta que permitan a los ciudadanos adoptar las medidas oportunas para la salvaguarda de personas y bienes, facilitar en todo cuanto sea posible la rápida actuación de los servicios de intervención, y restablecer la normalidad rápidamente después de cualquier emergencia.

Estos programas de información tendrán que incluir medidas que garanticen su plena accesibilidad para las personas con discapacidad y en su difusión será preciso asegurar la correcta recepción por parte de los colectivos en situación de especial vulnerabilidad.

Además, los protocolos de actuación y la formación de los servicios de intervención en emergencias deberán especificidades dirigidas a asegurar la eficaz protección de este colectivo.

Los planes de emergencia de protección civil deberán modificarse para contar con protocolos de actuación específicos en las distintas fases que garanticen una asistencia adecuada a personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de vulnerabilidad.