Así se manifestó Zaragoza durante su intervención en la segunda jornada del juicio que se celebra en el Alto Tribunal por el 'procés' independentista de Cataluña. El fiscal tomó la palabra cuando pasaban unos minutos de las diez de la mañana como estaba previsto. Junto a Zaragoza intervendrá también el fiscal Fidel Cadena.

"Este es un juicio en defensa de la democracia española, del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978, en defensa de un sistema político democrático que garantiza los derechos más elementales de los que formamos parte de este país", aseguró el fiscal.

“Cuando se violan las leyes fundamentales, la Constitución y el Estatut”, explicó, "a nadie debe extrañarle que la justicia penal actúe para restaurar la legalidad que ha intentado ser quebrada". "Nadie está por encima de la ley, actuar al margen de la legalidad no puede quedar impune".

Defendió que los acusados "no se limitaron a defender una opción política", sino que recurrieron a las "movilizaciones sociales" como procedimiento para "hacer claudicar al Estado" y, por tanto, todos ellos "asumieron el enfrentamiento físico de sus partidarios con los agentes" de la Policía.

LIBELOS ACUSATORIOS

Javier Zaragoza comenzó su exposición destacando que algunos escritos de las defensas, “más que alegatos defensivos, parecen libelos acusatorios basados en un relato alternativo que pretende crear una visión distorsionada de la realidad".

La Fiscalía se manifestó convencida de que el Tribunal Supremo enjuiciará el `procés´ con "independencia e imparcialidad" y "respetando las garantías y derechos". Recordó, además, que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la desobediencia de Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau señalaba que cuando se pretende ejercer derechos políticos “sobre las leyes, no se vulneran los derechos políticos sino los de los ciudadanos", unos derechos que Zaragoza identificó con “esa mayoría silenciosa de Cataluña, de ese 60% de ciudadanos que no participó en esa votación".

En relación a las movilizaciones contra los registros judiciales del 20 de septiembre de 2017 en la Consellería de Economía, convocadas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y el referéndum del 1 de octubre, el representante del ministerio público afirmó que la "actividad política" no puede justificar "retener y tener prácticamente secuestrada" a la comitiva judicial, ni tampoco "utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes".

"El ejercicio de la acción política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal", aseguró antes de afirmar que "no está justificado agitar miles de ciudadanos que protegieron las urnas abocándoles a enfrentamientos violentos".

En varias ocasiones a lo largo de su intervención, Zaragoza repitió que “aquí no se juzga al independentismo”, sino los “gravísimos hechos” que se cometieron a su amparo, y calificó de "falacia de colosales dimensiones" afirmar que se persigue a los acusados por sus ideas, sino por sus acciones.

"Los acusados llevan años proclamando, defendiendo este proyecto independentista, se han manifestado y que yo sepa no se les ha perseguido ni enjuiciado por ello. Solo se ha puesto en marcha la justicia cuando han realizado acciones que han quebrantado nuestra Constitución. El ejercicio de la política no es patente de corso para poder hacer lo que quieran", remachó.

En respuesta a las críticas de las defensas a la fragmentación de la causa del 1-O, el fiscal aseveró que "el alcance del plan criminal que se urdió por el proceso secesionista justifica la diversificación de la causa en diferentes procesos".

En ese sentido, salió en defensa del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y las medidas que adoptó para evitar el referéndum, asegurando que “las defensas consideran que el fiscal superior no tiene facultades para coordinar a los diferentes cuerpos policiales; quien dice esto ni sabe lo que es el fiscal ni sabe su función y papel institucional. Cuando el fiscal abre diligencias o el juez abre una investigación, los únicos facultados para dar órdenes son el ministerio público y el juez y no puede haber interferencia de las autoridades políticas o gubernativas".

Respecto a la vulneración del juez predeterminado por la ley que defendieron en la jornada de ayer las defensas, el fiscal dijo que tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Cataluña lo son y acreditó la imparcialidad de los magistrados que integran el tribunal. Zaragoza recordó que las defensas han recusado a los magistrados sin obtener resultados. También defendió la labor realizada por el instructor, Pablo Llarena.

Zaragoza respondió también a las peticiones de prueba solicitadas por las defensas y ya rechazadas por el Tribunal Supremo. Recordó que el Rey está "exento de declarar" por el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cuando a la declaración de Carles Puigdemont y Marta Rovira, dijo que su condición de “rebeldes” de la justicia "les impide declarar como testigos". "Pretender que alguien procesado rebelde aquí declare por videoconferencia como testigo quebrantaría todas las prácticas procesales que regulan la prueba en el juicio", aseguró.

Además, Javier Zaragoza se refirió a un manifiesto utilizado por las defensas suscrito por profesores de Derecho Penal que rechazan la existencia de un delito de rebelión en relación con el 1-O. "No sé de dónde saca la defensa que hay 120 catedráticos en España, en realidad lo firman un 15% de los catedráticos de España y no los de más prestigio académico", sentenció.

"El derecho a la autodeterminación es legítimo siempre que se defienda por vías legales", concluyó el fiscal, que, además, señaló que "el diálogo es la base de la democracia, siempre que se produzca en el marco constitucional. El diálogo desde la imposición y al margen de la legalidad no es aceptable en una sociedad democrática".