En la primera jornada el tribunal escuchará las cuestiones previas que plantearán las partes. Las defensas pedirán la nulidad del juicio por entender que se han vulnerado los derechos fundamentales de los acusados y, en su caso, podrían pedir la suspensión hasta que estén a disposición del tribunal las pruebas documentales solicitadas.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra; el conseller de Territorio, Damià Calvet, y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferrán Mascarell, así como miembros del Ayuntamiento de Barcelona, han acudido a la primera sesión del juicio.

Torra fue recibido por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien después le acompañó al Salón de Plenos, donde se celebrará el juicio y donde ocupa un lugar preferente para seguir la vista. Torra atenderá a los medios tras la primera sesión del juicio en el espacio reservado por el Govern en la sede de la Delegación de la Generalitat. Además, hay puestos reservados para dos para representantes del Parlament de Cataluña y otros dos para el vasco.

En la sala de vistas también tienen un lugar reservado los familiares de los acusados. Entre ellos se encuentran la mujer de Oriol Junqueras, el esposo y una hermana de Carme Forcadell y un hijo de la exconsellera Dolors Bassa.

DELITOS Y PENAS

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del `procés´ en el juicio que comienza este martes en el Tribunal Supremo. La Fiscalía solicita en total 176 años para los 12 acusados, entre los que están también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

Junqueras está acusado de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, al igual que los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que se encuentran también en prisión preventiva. Para ellos, el ministerio público pide 16 años de cárcel.

Forcadell, Sànchez y Jordi Cuixart están acusados de rebelión, pero no de malversación, al no considerarles responsables del desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Pese a ello, el ministerio público entiende que actuaron como “promotores o jefes” de la rebelión y pide para cada uno 17 años de prisión.

Las penas que solicita la Abogacía del Estado son sensiblemente inferiores. Suman en total 120 años para los 12 acusados en este juicio. La Abogacía atribuye a los líderes del `procés´ delitos de sedición y malversación y excluye el de rebelión. Así, pide para Junqueras 12 años de prisión y 11 y medio para los exconsejeros Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa, mientras que para Forcadell solicita 10 años de prisión.

A los `jordis´ les considera autores de un delito de sedición pero sin el agravante de autoridad, por lo que solicita para ellos ocho años de prisión. Para los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados, Meritxel Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden siete años de prisión por malversación y desobediencia grave.

La acusación popular ejercida por Vox atribuye delitos de rebelión, organización criminal y malversación a Junqueras, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn y pide para ellos 74 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público y otros 20 años de inhabilitación especial. A Sànchez, Forcadell y Cuixart les acusa de rebelión y organización criminal y les solicita 62 años de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público y 20 más de inhabilitación especial. A Borrás, Mundó y Vila les acusa de organización criminal y malversación y pide para ellos penas de 24 años de cárcel, 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y multa de 216.000 euros.