En una nota de prensa, la CEE asegura que "nos extraña enterarnos por los medios de esta petición" y añade que "las diócesis, congregaciones religiosas y demás instituciones eclesiales están obligadas a cumplir las normas legales y protocolos establecidos. Así, han puesto en manos de la Santa Sede y de las autoridades judiciales españolas los casos de los que han tenido conocimiento".

Además, expone que "una sincera inquietud por las víctimas, exige preocuparse de todos los ámbitos e instituciones en donde se producen los abusos para abordar conjuntamente la atención a las víctimas y las medidas adecuadas para afrontar este grave problema que afecta a toda la sociedad".