Estos pagos son, según explicó la propia entidad, un “adelanto” de derechos de los autores y editores que, prevé la SGAE, tendrán que ingresar sus socios en un futuro. “Se iban a entregar a cuenta de futuras recaudaciones, una vez comprobados que cumplen los estrictos requisitos técnicos”, explicó la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual.

Para la SGAE, “se trata de una modalidad de cobro adelantado de derechos que se ofrece a los autores y editores, con cargo a sus futuras recaudaciones por los derechos de autor generados por su obra”.

La sociedad dice recuperar esas cantidades en los siguientes ingresos de derechos del autor o editor que los ha recibido. En 2018, por ejemplo, SGAE asegura haber concedido 1.707 préstamos o anticipos a sus socios por un valor de 31,7 millones de euros.

“Esta orden ministerial insólita y extraordinaria afecta a autores de todos los colegios profesionales pertenecientes a la entidad de gestión” y creará “perjuicios” para sus socios, denunció la SGAE, que, previsiblemente, será intervenida por el Ministerio de Cultura al incumplir la modificación de sus estatutos en arreglo a la ley de propiedad intelectual.

El Ministerio pedirá en los próximos días a la Justicia una intervención parcial de la sociedad para modificar sus Estatutos de acuerdo a la Ley, adaptar el reparto de derechos e implantar un sistema de voto electrónico para sus socios.

Una vez incumplido el requerimiento elevado por Cultura -la asamblea de la SGAE no llegó a aprobar una reforma de sus Estatutos en diciembre-, el Ministerio anunció una intervención por vía judicial para solicitar medidas cautelares para su intervención.