Según las últimas estadísticas del Banco de España, el indicador moderó su avance, en línea con la defensa de las entidades de haber mantenido invariable su oferta en catálogo, pero cierra 2018 en la tasa más alta de los últimos dos años (tras marcar ese mismo 2,18% TAE en 2016, había bajado al 2,05% al siguiente ejercicio).

Una mayoría de expertos coincide, sin embargo, en que el precio de la financiación para compra de vivienda vive sus mejores momentos y tenderá a subir porque el propio euríbor ha iniciado la senda de recuperación aunque aún se mueva en cotizaciones negativas y porque se encarece el coste de producción.

Sólo el impuesto de actos jurídicos documentados implica que la banca tendrá que asumir entre 2.200 y 3.000 euros en fiscalidad con la formalización de cada operación, tomando para el cálculo una hipoteca media de 125.000 euros a 20 ó 25 años de amortización.

A esa factura la reforma hipotecaria, actualmente en tramitación en el Senado, añadirá otros costes a las entidades porque tendrán que soportar el pago del registro o notarías, entre otros.

La banca coincide en que el precio final vendrá fijado por la competencia y no subirá si se mantiene la actual rivalidad en precios, pero los expertos financieros dan por seguro que antes o después acabarán repercutiendo los nuevos costes, antes soportados por el cliente, para evitar que sean operaciones deficitarias.

En el mercado se apuntaba al momento en el que el Banco Central Europeo (BCE) comience a subir tipos como la oportunidad ideal para repercutir los costes, aunque esa situación parece alejarse en el tiempo dada la desaceleración de la economía en la eurozona.

Los datos del Banco de España revelan además que en diciembre la banca otorgó 4.568 millones de euros en hipotecas, la mayor cifra otorgada en un solo mes durante el ejercicio y que superó en un 13,26% a los 4.033 milllones otorgados en diciembre de 2017.

La cuantía constrata además con los 3.689 millones concedidos en noviembre, justo cuando algunos clientes y entidades pudieron en stand by durante unos días la firma de los préstamos ante la incertidumbre desatada por el Supremo.

El Alto Tribunal había establecido en una sentencia fechada el 16 de octubre que el cargo del impuesto de actos jurídicos documentados correspondía abonarlo por el banco y no por parte del cliente como venía ocurriendo durante más de dos décadas.

Supuso tal cambio de jurisprudencia que el mismo Supremo decidió valorarlo en Pleno, con la sorprendente decisión de enmendar su propia resolución y volver a la situación anterior el día 6 de noviembre. La polémica social inclinó al Gobierno a hacer pagar a la banca el tributo en las nuevas operaciones por decreto ley.

En esos días la actividad sufrió cierto bloqueo y retrasos a espera de conocer la situación final, pero las cifras del Banco de España revelan que en diciembre la situación se normalizó.