Consideró preciso “garantizar que el gobierno de los jueces no caiga en manos de aquellos que, de modo abierto, han dicho que quieren ponerlos a sus órdenes”.

Garrido, que hizo un balance de la actuación del Ejecutivo regional en materia de justicia durante esta legislatura, afirmó que “nuestros esfuerzos han estado orientados a reforzar y garantizar plenamente el ejercicio de una Justicia independiente y a salvo de injerencias políticas, como pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho y del sistema democrático”.

Tras reconocer la importante labor que realizan los 77.000 abogados colegiados en Madrid en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en el apoyo al cumplimiento de la ley, destacó “el diálogo y el esfuerzo presupuestario como las dos herramientas que ha empleado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para darle la vuelta a las cosas” en materia de Justicia, tras los ajustes que fue necesario realizar durante la crisis.

Asimismo, destacó el diálogo con los colegios de abogados y procuradores para “mejorar las retribuciones en justicia gratuita y turno de oficio y para agilizar al máximo los pagos a estos profesionales, con un nuevo sistema que les permite cobrar mes a mes; así como el acuerdo derivado de la Mesa del Pacto de la Justicia, con una hoja de ruta con cerca de 90 millones de euros de inversión para las infraestructuras judiciales hasta el año 2025”.

Respecto al presupuesto, aseguró que es “consciente de que muchos de los profesionales del ámbito jurídico habéis tenido dificultades”. “Han sido años duros para todos”, dijo Garrido, quien indicó que “hemos intentado no decepcionaros, trabajando para estar a la altura de vuestras expectativas. Por eso, hemos puesto sobre la mesa no solo buenas palabras, sino también recursos económicos”.

Recordó igualmente que este año el presupuesto de la Consejería de Justicia alcanzó la cifra histórica de 500 millones, un 27% más que al inicio de la legislatura.

También se refirió al acuerdo sectorial para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia para el periodo 2017-2020, firmado con todos los sindicatos, y al Plan de modernización de las infraestructuras judiciales de la región que impulsa la Comunidad y que este año tiene un presupuesto de 23,57 millones, 37 veces más que al inicio de la legislatura.

POLÍTICA RESPONSABLE

Por otro lado, reivindicó la “política responsable, la política con mayúsculas que tiene su razón de ser en la resolución práctica de las necesidades de la sociedad”.

“Todos tenemos que trabajar para que los ciudadanos dejen de percibirla como una actividad generadora de conflicto, de polémica, de ruido sin contenido; una percepción que constituye un enorme riesgo para la democracia”, manifestó.

“Al igual que precisamos de una Justicia moderna y eficaz, como la que estamos impulsando, necesitamos, y hoy yo la reivindico aquí, una política de verdad y una política de verdades, que se traduzca en resultados", manifestó Garrido, quien dijo que "esa es la única manera de no defraudar a la ciudadanía y no poner en peligro la credibilidad y estabilidad de nuestras instituciones: demostrar que son útiles".

"Creo que eso es lo que los ciudadanos esperan de nosotros y lo que nosotros, los servidores públicos, tenemos que ofrecerles. Y, desde luego, es también lo que yo he tratado de hacer en esta legislatura”, concluyó.