Así lo demandaron a través del documento ‘Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible’, en el que proponen 30 medidas de fiscalidad ambiental “para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta”.

En concreto, proponen hasta 13 nuevos impuestos que “incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los agentes económicos”, incluyendo las empresas, los gobiernos, las familias y las personas individuales, “según su impacto ambiental”.

Tras precisar que la fiscalidad ecológica es “un medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental”, dada la situación de “desigualdad creciente” en el reparto de la riqueza en España, las organizaciones ecologistas urgen a realizar un “esfuerzo suplementario” para que el diseño de la fiscalidad ambiental ayude a "reducir esta brecha”, así como para facilitar los “comportamientos sostenibles a las clases menos favorecidas” y garantizar que los agentes económicos “con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los impuestos verdes”.

El objetivo es que la fiscalidad española “se acerque” a las de los países del entorno para poder “orientar” el comportamiento de los agentes económicos y “contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social”. “En términos de porcentaje del PIB ocupamos el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-28”, lamentan.

Por otra parte, también estiman “importante” que la recaudación obtenida a partir de esta política fiscal sea “finalista” y se destine “íntegramente” a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

Asimismo, abogan por reformar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades para que “primen actividades más sostenibles”; las tasas sobre los hidrocarburos para penalizar a los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2 y disuadir de la producción de la energía nuclear.

La batería de medidas también incluye reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos, así como la creación de nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano.

Los ecologistas valoran como “urgente” dicha reforma “dada la situación de urgencia ambiental en la que nos encontramos” y consideran que se deberá trasladar a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas “impactantes” o el uso de productos contaminantes, además de bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales.

Por este motivo, afirman espera que estas propuestas sean puestas en práctica y completadas por las distintas administraciones, “de modo que avancemos de modo decidido hacia la sostenibilidad ambiental con una mayor equidad social”.