Así lo afirmó durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para dar detalle sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, en la que aseguró que el Ejecutivo ha tenido que adaptar el proyecto de cuentas públicas “a una senda de déficit de la que no estamos convencidos que sea la más adecuada para este país”.

En su intervención, la secretaria de Estado recordó que ya en los primeros meses de 2018 organismos como la Comisión Europea, el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) habían indicado que el objetivo de déficit del pasado ejercicio, fijado en el 2,2%, era poco realista y que se incumpliría, algo que se confirmó al cerrar con un déficit del 2,7%. Por ello, defendió el intento del Ejecutivo para modificar la senda de déficit y ampliar al 1,8% el objetivo de 2019 y criticó que el Senado vetara dicho cambio, que, recordó, hubiera permitido un gasto adicional de en torno a 6.500 millones de euros.

En cuanto al proyecto presupuestario, Gualda destacó su carácter social, al incrementar el gasto social en 12.600 millones de euros, un 6,4% más respecto a 2018, llegando a representar el 57% del gasto público previsto en las cuentas públicas.

Así, aseguró que el proyecto apuntala el crecimiento económico y el compromiso de estabilidad con la UE, mediante “una política fiscal sólida y sostenible”, al tiempo que da “un impulso decisivo a un modelo de crecimiento más cercano” a los ciudadanos, que “lucha contra al precariedad que ha puesto en peligro la cohesión social” y que “sitúa el Estado del bienestar como eje del crecimiento”.

En este sentido, repasó muchas de las medidas incluidas en los PGE, como la revalorización de las pensiones con el IPC, el aumento en un 59,3% de los recursos destinados a dependencia, la recuperación del convenio especial de personas cuidadoras no profesionales, la eliminación progresiva del copago farmacéutico, el aumento de la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza, la ampliación de los permisos de paternidad, el incremento de becas, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por ello, señaló que la tramitación de los Presupuestos es “la oportunidad perfecta para demostrar que es perfecctamente posible conjugar las políticas sociales con la estabilidad presupuestaria”, y reclamó “consenso político” para que “la política y la economía se pongan al servicio de los ciudadanos”. “Confío en que los Presupuestos sean debatidos con responsabilidad y sean aprobados”, concluyó.