Así lo anunció la diputada socialista Mercè Perea durante el debate en la Diputación Permanente en la que el Grupo Mixto y ERC solicitaron la comparecencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para exponer las medidas con las que se compensará a los centros especiales de empleo por el incremento del SMI.

Perea informó de que no será Valerio la que acudirá, sino que en su lugar lo hará la secretaria de Estado de Empleo para “dar la mayor tranquilidad y certidumbre a una situación que es una buena noticia”, en referencia a la subida del SMI, y que “en ningún caso puede suponer un punto de incertidumbre”.

El diputado del PDCat Carles Campuzano defendió su solicitud de comparecencia por las advertencias que vienen haciendo los centros especiales de empleo de que un “número significativo” de los mismos “van a ver en riesgo su continuidad” con el aumento del SMI y el coste que tendrá al contar con trabajadores con discapacidad de “muy baja productividad”. Campuzano aclaró que no se trata de una crítica a la subida del salario mínimo, sino de una advertencia del riesgo de viabilidad económica para estos centros. El PDCat planteó que la subvención que actualmente reciben, del 50% del salario mínimo, se eleve al 60%.

Por parte del PP, Susana López lamentó las “nefastas consecuencias de las medidas en materia laboral del PSOE”, en referencia a esta problemática, aunque manifestó su voto favorable.

López explicó que en los centros especiales de empleo trabajan personas con “determinados tipos de discapacidad” que no podrían participar en el mercado laboral si no existiese esta figura y “las subvenciones o ayudas, precisamente, es para cubrir la diferencia en la productividad de estos trabajadores”. Consideró que si se mantiene la subvención del 50%, la mitad de la subida del SMI lo sufragarían los centros especiales de empleo cuando “tienen dificultades” económicas.

Desde Unidos Podemos, Yolanda Díaz aseguró no tener inconveniente en que comparezca el Ejecutivo por esta cuestión, pero puntualizó que los centros especiales de empleo “tienen un prolijo y cuantioso número de subvenciones y de ayudas públicas, que son considerables”.

El diputado de Ciudadanos Toni Roldán también adelantó su voto a favor porque los centros especiales de empleo “ofrecen en muchos casos la única salida posible” para personas con discapacidad. Añadió que si no se abordan las ayudas, “probablemente se queden sin empleo porque tengan que cerrar”.

Por último, Mikel Legarda, del PNV, reclamó un “compromiso del Ministerio de Trabajo para que explique cómo se va a dar viabilidad” a estos centros, que “si no fuera con ayudas públicas no podrían sobrevivir”.