Esta es una de las conclusiones preliminares a las que ha llegado tras los encuentros que durante doce días ha mantenido con altos funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y representantes de minorías étnicas, religiosas y lingüísticas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia y Euskadi.

Esta y otras conclusiones figuran en la declaración institucional que se publicará hoy y que formará parte de un informe más amplio que el relator presentará a finales de año sobre el respeto de los derechos de las minorías en España. De Varennes explicó que durante estos encuentros, muchas asociaciones le han transmitido "su frustración respecto al uso de la lengua cooficial", que no "siempre está garantizado".

en concreto, el experto se refirió a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que "el castellano es obligatorio si alguna de las partes" renuncia a la lengua cooficial. "De este modo, es posible que un juez que no sepa hablar euskera pueda ejercer en Euskadi", señaló, "cosa que no parece muy lógica". "Sé que la situación es compleja y que en 12 días no se puede llegar a una conclusión, pero sí veo que quizás aquí haya una laguna". A su juicio, esto va en contra de la guía de la ONU sobre el uso de las lenguas minoritarias.

PREOCUPACIÓN POR LOS PRESOS

Por otro lado, aseguró que comparte la preocupación expresada por el relator especial para la Libertad de Expresión, que el año pasado consideró "excesivas" las acusaciones que pesan sobre los siete políticos independentistas encarcelados. En aquella ocasión, señaló que como "no hubo uso de la violencia", las acusaciones podían entrar en contradicción con el derecho a la libertad de expresión.

De Varennes apuntó que de momento no se ha pronunciado sobre este aspecto, que le parece "muy complicado". En todo caso, aclaró que estudiará la situación de estos presos en cuanto a su pertenencia a una minoría política y cultural, no por nada relacionado con la libertad política o de opinión.