El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados convalidó el real decreto-ley de medidas laborales y de revalorización de pensiones tras recibir 181 votos a favor, uno en contra y 164 abstenciones correspondientes a PP y Ciudadanos. Además, aprobó por 344 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia.

Entre los grupos que dieron su apoyo a esta norma estaba Unidos Podemos, que puso en valor las negociaciones con la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, para acordar que durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) la subida del SMI no afecte a la cotización de los jornaleros por cuenta ajena durante los periodos de inactividad y se incremente un 22% la cuantía mínima de las pensiones por incapacidad permanente total. La diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz dio las gracias a Valerio por haber acordado estos dos puntos.

Durante su intervención, la ministra de Trabajo puso en valor que “estamos ante una norma que incluye medidas de suma trascendencia para las personas pensionistas y trabajadoras cuya situación, tras la aprobación, va a mejorar en términos cuantitativos y también en términos cualitativos”.

Valerio citó, entre otras medidas, la revalorización de pensiones con carácter general del 1,6% este año, “por encima del coste de la vida”, puesto que el IPC previsto es del 1,2%, y con ello, “garantizar poder adquisitivo”.

La norma también recoge el aumento de la cotización mínima de los autónomos a cambio de mejoras en protección social, la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que los autónomos con discapacidad sobrevenida puedan acceder al marco de incentivos, el incremento de la base máxima de cotización en un 7% y de la mínima en un 22,3%, la posibilidad de ‘jubilación obligatoria’, la prórroga indefinida del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) o la derogación del complemento salarial y una serie de incentivos a la contratación.

Por parte del resto de grupos, el diputado del PP Carlos Floriano criticó que es un decreto que “sube el impuesto que pagan los empleadores y los trabajadores”, anula los incentivos a la contratación y que “mezclan todo para esconder su voracidad recaudatoria”. “Tenían que mezclarlo todo, tenían que confundirlo todo, quizá para acallar la mala conciencia de haber votado la congelación de pensiones” en el último Gobierno de Zapatero.

Floriano dijo al PSOE que “les sobra desparpajo y a algunos de ustedes les falta la vergüenza”, lo que suscitó un rifirrafe con la ministra, que lamentó que lanzara esos “descalificativos” hacia el Gobierno.

Por parte de Ciudadanos, Sergio del Campo manifestó su postura en contra de la jubilación obligatoria, la derogación del complemento salarial y el “parche” de obligar a cotizar a los becarios cuando se va a crear un estatuto del becario.

Por el Grupo Mixto, el diputado del PDCat Carles Campuzano defendió la tramitación de este decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia porque “hay varias cuestiones que nos preocupan como es el impacto que el SMI tiene en los centros especiales de empleo, y específicamente en los centros especiales de empleo que trabajan con personas con dificultades de inserción”.