El decreto fue aprobado gracias al apoyo de Ciudadanos y a sendas abstenciones del PP y Unidos Podemos pese a que los portavoces de las tres formaciones se mostraron muy críticos durante sus intervenciones. Así, recibió 132 votos favorables, 4 en contra y 212 abstenciones. Además, la Cámara Baja aprobó su tramitación como proyecto de ley con 343 votos favorables, uno en contra y dos abstenciones.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó en el debate que este decreto es “el primer paso de un camino largo y complejo” y se comprometió a seguir "buscando medidas adicionales y convenios con las comarcas afectadas”.

“La transición ecológica debe ser justa, debe generar oportunidades y no dejar a nadie en el camino”, prosiguió Ribera, quien recordó que se ha agotado el tiempo en el que la UE nos permitía subvencionar el carbón nacional.

En su intervención, el portavoz del PP, José Alberto Herrero, dijo a la ministra que “ni es justa la transición energética que proponen ustedes, ni es sostenible”. También denunció que es parte de la “Forma fácil y sencilla como quiere finiquitar el carbón”.

“Quieren cargarse todo lo que viene relacionado con el carbón y esa demonización lleva a un problema muy serio para nuestra economía”, prosiguió Herrero, quien concluyó que es “el Gobierno quien una vez tras otra destroza la economía de este país”.

Igual de crítica se mostró la portavoz de Unidos Podemos, Anna Marcello, quien denunció que este acuerdo supone el fin de la minería mientras se va a seguir quemando carbón de importación y no es justo ni para las comarcas ni para los trabajadores.

Por su parte, en nombre del PSOE, Ignacio Urquizu, pidió a los grupos ser “constructivos” para “hablar de cómo resolvemos los problemas de miles de personas”. Además, añadió que “Sabemos lo duro que es desarrollar económicamente una zona y hay que trabajar muy duro” por lo que aseguró que es “la primera medida de muchas más que vamos a tener que tomar”.

En la misma línea, pese al voto favorable, también fue muy crítica la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que denunció la poca eficacia de los planes anteriores de apoyo a las comarcas mineras y la poca trasparencia en el uso de los fondos. Entre el resto de grupos, Foro Asturias votó en contra, PDECat y ERC se abstuvieron y el PNV votó a favor.

ACUERDO

Este acuerdo fue firmado, el pasado 24 de octubre, por el Gobierno, los sindicatos CCOO, UGT y USO) y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión). El acuerdo se alcanzó para dar respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión tomada en 2010 por el Consejo Europeo, que obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018.

En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo para empleados no prejubilados, en la que también podrán participar los trabajadores de las subcontratas.

En concreto, podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado. El resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad.

Esta bolsa de trabajo será gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras -organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica– que, en particular, gestionará el acceso prioritario a los puestos de trabajo derivados de la restauración ambiental de las minas.

Esta bolsa facilitará también el acceso a cursos formativos y de orientación -siempre en coordinación con los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas-. Se trata de planes enfocados a orientar a los trabajadores hacia los nuevos yacimientos de empleo relacionados, principalmente, con la transición energética planteada por el Gobierno.

El acuerdo determina además la asignación, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero, que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático.