Tendrá un año de duración, y contempla dos acciones de movilización ciudadana a nivel europeo en abril y octubre de 2019.

Bajo el lema 'Paremos a las multinacionales. Stop ISDS’, esta campaña pide el fin de los tribunales privados (ISDS) que permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos.

En su lugar, exige un tratado internacional vinculante acompañado de una ley estatal para que a estas empresas se les puedan exigir responsabilidades por la violación de derechos humanos en cualquier territorio donde tengan actividad.

CONSECUENCIAS

Desde Ecologistas en Acción, una de las ONG que integran la campaña, señalaron que ahora mismo el Estado español es el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje.

Esto "podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores (desde fondos de inversión especulativos a empresas públicas o grandes multinacionales de terceros países). Si los inversores ganaran todas las demandas, España tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos", advirtió.

Citó el ejemplo de Edgewater, una empresa minera canadiense, que ha demandado al Estado español por cancelar la licencia de explotación de una mina a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) invocando un tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá. Esto "socava el derecho a la defensa del medioambiente y la salud del pueblo gallego", indicó. del mismo modo, Vatenfall, una empresa energética sueca, ha demandado a Alemania dos veces por su plan de salir de la energía nuclear en 2020, lo que podría costar millones de euros a los alemanes. Según Ecologistas en Acción, "las multinacionales españolas son a su vez de las que más utilizan esta justicia paralela para cobrar unas fortunas y socavar la soberanía en otros países. Por ejemplo, Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) y Telefónica han interpuesto demandas de arbitraje contra Colombia por regulaciones públicas en el sector de servicios.

Por ello, promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos y establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa.