Así lo afirma el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado José Luis Martínez, de Ciudadanos, quien preguntó al Ejecutivo qué medidas piensa adoptar para impulsar inversiones que eviten las electrocuciones de aves.

La respuesta, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que el departamento dirigido por Teresa Ribera “prevé financiar a partir de 2019” actuaciones para corregir tendidos eléctricos a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de manera que las comunidades autónomas podrán convocar ayudas bajo una misma unidad de criterio en toda España.

En principio, Transición Ecológica espera distribuir unos cuatro millones de euro entre las comunidades autónomas con tendidos notificados y el criterio de reparto sería conforme a la superficie de zonas de protección declaradas en cada región respecto a la superficie total de las zonas de protección.

Un real decreto de 2008 establece medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y obliga a que los tendidos eléctricos se construyan desde entonces de acuerdo con una serie de requisitos seguros para las aves.

Sobre los tendidos anteriores, esa norma indica que el entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino debía asumir la financiación de las correcciones de los tendidos existentes en las zonas de protección y de los que dentro de las ellas hubieran sido declarados como tendidos peligrosos (la determinación de las zonas de protección y de los tendidos peligrosos es competencia de las comunidades autónomas).

CORRECCIONES ENTRE 2009 Y 2018

El Gobierno señala que estaba previsto que en 2018 se destinara 4,2 millones de euros a la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión, pero el real decreto de 2017 que establecía las bases reguladoras de las ayudas fue recurrido por la Generalitat de Cataluña.

El Tribunal Constitucional declaró el pasado mes de julio la no constitucionalidad de esa norma porque corresponde a las comunidades autónomas la convocatoria de las ayudas y su posterior resolución, si bien el Ministerio para la Transición Ecológica es competente para los criterios de priorización en la selección como la financiación.

El Ejecutivo indica que la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental ha acometido entre 2009 y 2018 “numerosas correcciones de tendidos” en fincas propiedad de Patrimonio Nacional, en parques nacionales y, a partir del año pasado, mediante convenios con confederaciones hidrográficas, todo ello con un montante global de más de seis millones de euros. Si se suman las actuaciones realizadas por las comunidades autónomas, la cifra general supera los 21 millones de euros en esa década.

SOS TENDIDOS ELÉCTRICOS

La Plataforma SOS Tendidos Eléctricos envió el pasado mes de octubre una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de que muestre una “mayor implicación” para evitar electrocuciones y colisiones de aves en las líneas eléctricas.

Esta plataforma, creada en 2016, la forman Acción por el Mundo Salvaje (AMUS), Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), Ecologistas en Acción, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), revista ‘Quercus’, SEO/BirdLife, Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas (Siece) y WWF España.

Esas entidades urgieron en la misiva a mejorar el real decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Así, consideran necesario que la normativa sea de aplicación en todo el territorio nacional y no sólo en las llamadas ‘zonas de protección’, como se encuentra actualmente. “Las aves no entienden de límites administrativos y mueren electrocutadas o colisionadas por toda la geografía española con independencia de que sean zonas protegidas o del grado de protección que ostenten”, apuntaron.

Por otra parte, desde SOS Tendidos Eléctricos señalaron que, al margen de las subvenciones que se puedan conceder para corregir tendidos, asumir estos costes debe partir de las grandes compañías eléctricas, por lo que instan a que la corrección de tendidos peligrosos no dependa de la existencia de fondos públicos que financien las adaptaciones de las líneas.

"Como responsables de la mortalidad de aves que causan con su actividad empresarial son estas empresas las que deben hacer lo necesario para compatibilizar su negocio con la conservación de la biodiversidad o, en caso contrario, responder por incumplimiento de su obligación legal de mitigar el problema que han generado", indicaron.