No obstante, la normativa aprobada despeja las dudas del sector acerca de la tan temida retroactividad; posibilidad que, con el nuevo decreto, queda anulada. Así, el texto establece que las nuevas tarifas serán efectivas "para la primera convocatoria de preasignación a partir de la entrada en vigor de este real decreto".

Los objetivos principales de la nueva regulación son reducir costes, especialmente los de la energía fotovoltaica, en beneficio de los consumidores; mejorar la integración técnica de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración; y simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de aplicación.

Además, el Gobierno defiende que la nueva normativa, que reforma la regulación vigente del régimen económico y jurídico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, aportará seguridad jurídica al sector.

El Consejo de Estado ha validado la legalidad de la norma (que modifica tres reales decretos anteriores) en su dictamen sobre la misma, en el que, recogiendo la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, señala que las modificaciones que ahora se introducen se ajustan a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la nueva normativa asegura una retribución suficiente para las instalaciones, atractiva para los promotores de nuevos proyectos y garantiza un retorno a las inversiones realizadas. Entre las medidas que contiene, se limita el derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil.

Además, se reduce la tarifa fotovoltaica en un 5% para las instalaciones de techo pequeño; en un 25% para las instalaciones de techo medianas; y en 45% para las instalaciones de suelo, para la primera convocatoria de preasignación a partir de la entrada en vigor de este real decreto (la cuarta del año 2010).

Se espera que la reducción de las tarifas reguladas que se introduce para las instalaciones fotovoltaicas supondrá un ahorro para el sistema de 141,5 millones en 2011; 202,3 millones en 2012 y 263,4 millones en 2013.

Además, el Gobierno entiende que las medidas contenidas en el real decreto garantizan la rentabilidad razonable de las inversiones, dan certidumbre a futuro y respetan los derechos de los titulares de las instalaciones.

Según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Ejecutivo tiene previsto aprobar más decretos relativos al sector energético; "algunos pactados con el sector y otros no".

En este sentido, señaló que aún queda un "camino a recorrer" debido, entre otros factores, a la "tramitación lenta" que tienen estos decretos.