Presupuestos

El Gobierno pide al Supremo que le diga cómo cumplir la condena por no acoger a los refugiados prometidos en 2015

MADRID
SERVIMEDIA

La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, aseguró este jueves que el Gobierno está dispuesto a acatar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó a España por incumplir el acuerdo con la UE de reubicar a los refugiados llegados a Grecia y a Turquía

El Supremo dictaminó que España había incumplido de forma parcial su compromiso de reubicar a 15.888 refugiados que se encontraban en Europa, puesto que desde 2015 las reubicaciones de solicitantes de asilo llegados por mar apenas superan las 1.300.

En la presentación de las cuentas de su departamento incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, Rumí precisó que dicha sentencia se refería a un incumplimiento "para traer a España a un número de personas objeto de refugio y asilo que ya no están donde estaban".

Por tanto, "estamos a la espera de que el tribunal nos diga de dónde podemos traer a esas personas que son objeto de reubicación. No podemos hacer otra cosa", dijo, y recalcó que fue el Gobierno anterior el que incumplió su compromiso con la UE y al que condenó el Supremo. Asimismo, agregó que esta situación ya se ha puesto en conocimiento de la UE.

Por otra parte, destacó que el último programa aprobado en Consejo de Ministros prevé la llegada a España de 1.200 personas en 2019 por la vía del reasentamiento. Se incluye dentro de la partida de Protección Internacional, que está dotada con 320 millones de euros

Asimismo, destacó que las cuentas de 2019 prevén 100 millones más en las partidas para migraciones, un incremento del 26,5% con respecto a 2018. Rumí agregó que el Gobierno prevé que en 2019 haya unas 78.500 solicitudes de protección internacional, es decir, unas 30.000 más que en 2018, que, según sus estimaciones, se cerrará con entre 40.000 o 50.000 peticiones de asilo.

'OPEN ARMS'

En cuanto a la decisión de impedir la partida del buque humanitario 'Open Arms' del puerto de Barcelona, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, señaló que ha sido una decisión de Marina Mercante, que depende de otro ministerio (de Fomento). "Supongo que han valorado el que se tenían que cumplir una serie de requisitos por parte de esa embarcación", subrayó.

Valerio apuntó que todo el gasto en política migratoria es un gasto social, que contará con más recursos para la integración de inmigrantes (un 32,4% más).

"Vamos a recuperar el fondo estatal para la integración de personas inmigrantes que existió en gobiernos de Zapatero", añadió. Este fondo dispondrá de unos 70 millones de euros en 2019.

(SERVIMEDIA)
17 Ene 2019
AGQ/MMR/caa