Sánchez hizo esta puntualización durante una larga jornada en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, adonde viajó a primera hora de la mañana para comparecer ante el Pleno comunitario y explicar su visión de futuro de la UE.

“El planteamiento de defender la segregación de una parte de España es perfectamente legítimo dentro de la Constitución. Lo que no es legítimo dentro de nuestra Constitución es quebrar la legalidad, que es lo que ocurrió en 2017 y eso es lo que se está viendo en el Tribunal Supremo, eso y nada más”, dijo al final en una rueda de prensa.

Al entrar a las diez de la mañana al Parlamento, encontró que en diferentes puntos del Hemiciclo más de una veintena de eurodiputados habían colocado carteles amarillos con las fotos de los políticos catalanes que se encuentran presos por el procedimiento judicial abierto contra ellos a raíz del referéndum ilegal celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de secesión en el Parlamento autonómico.

Sánchez hizo caso omiso en su discurso inicial y evitó hablar de Cataluña pero no tuvo más remedio que entrar en el debate después de que algunos portavoces, como el portavoz del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Webber, le reprochara que advierta a la UE de los peligros de partidos extremistas como Vox cuando él mismo llegó a la Presidencia del Gobierno en España gracias al voto favorable de partidos independentistas o de extrema izquierda.

EURODIPUTADOS CON “PRESOS POLÍTICOS”

Durante su comparecencia y debate con los eurodiputados, que se extendió tres horas, Sánchez escuchó cómo el español del PDECat Ramón Tremosa y otros cinco parlamentarios de diferentes países le recriminaban que en España haya “presos políticos” y dirigentes encarcelados “por defender sus ideas”.

Tremosa llegó al punto de afirmar que “España está más cerca de Turquía que de Gran Bretaña” en esta materia, dado que en el Reino Unido se permitió un referéndum de independencia para Escocia y recordó que celebrar una consulta ilegal en Cataluña “no es delito” desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo eliminó del Código Penal.

Mensaje similar lanzó el francés del Grupo de los Verdes José Bové al denunciar la existencia en España de “políticos encarcelados por sus ideas políticas” y al recriminar a Sánchez que defienda una solución para Cataluña a través del diálogo cuando “no se puede debatir con personas en la cárcel”.

El británico William Dartmouth insistió en que los catalanes procesados por el Tribunal Supremo “son presos políticos” y criticó que tanto la UE como el Parlamento Europeo “no hacen nada” para condenarlo o evitarlo mientras critica la situación en países terceros como Venezuela, lo cual juzgó de “hipocresía muy difícil de admitir”.

El belga del Grupo de los Conservadores Mark Demesmaeker dijo “no aceptar que haya presos provisionales durante más de un año” y negó la existencia de un acto de rebelión en Cataluña durante el desafío independentista de otoño de 2017, que acabó con Carles Puigdemont huido a Bélgica, donde lleva fugado de la Justicia española más de un año. En su opinión, en España “no hay nacionalismo peligroso, sino una forma peligrosa de neofranquismo” por el auge de Vox.