Según el magistrado, esas adjudicaciones se harían a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.

En dos autos, el juez acuerda la formación de la pieza separada denominada `Arganda´ y al mismo tiempo dicta el auto de pase a procedimiento abreviado relativo a estas causa, que comprende la actividad desarrollada de forma ininterrumpida entre 1998 y y 2009 por Correa y las personas y sociedades integradas en su grupo, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la citada localidad”.

Tras el auto de transformación en procedimiento abreviado, que acerca a los 21 imputados en esta causa al banquillo, aún queda por concluir la instrucción de dos piezas de la `causa Gürtel´, la primera de ellas relativa a la `caja B´ del PP, y la segunda relativa a contratos menores de Orange Market con la Comunidad de Valencia, en la que está imputado el expresidente Francisco Camps.

Los hechos investigados en esta pieza serían constitutivos de delito continuado de prevaricación, continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

Además de contra Correa y Crespo, la causa se dirige contra José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Pablo Collado, Ginés López, Benjamín Martín Vasco, Juan Fernández Caballero, César Martín Tomás Morales, Isaac García Requena, Luis Bremond, José Ramón Gutiérrez Villar, María Josefa Aguado, Álvaro García del Río, Alfonso García Pozuelo, José Luis Martínez Parra, Fernando Martín Álvarez, Ramón Blanco Balín, Manuel Salinas, Amanda Mayo y Joaquín Martín Vasco. El auto acuerda también el archivo respecto de tres personas.

A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones tienen un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

En su resolución, De la Mata explica que para sus fines, Correa contó con la colaboración de Pablo Crespo, José Luis izquierdo, Isabel Jordán y Pablo Collado, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos de este municipio como Ginés López, Benjamín Martin Vasco y Juan Fernández caballero y que, en la práctica, "llegaron a dirigir toda la contratación pública de Arganda del Rey".

Según el instructor, el grupo favoreció, siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos, la adjudicación irregular de contratos a distintas personas y sociedades, contando para ello con la colaboración, en distintas actuaciones de dichos procesos de contratación, de los siguientes funcionarios públicos: César Tomás Martín Morales; Isaac García Requena; Luis Bremond; José Ramón Gutiérrez Villar; María Josefa Aguado del Olmo; y Álvaro Garcia del Río.

Por su parte, las empresas favorecidas por las adjudicaciones irregulares, gracias a la intermediación del grupo Correa (y a los pagos y comisiones efectuados), fueron: del grupo correa, Down Town Consulting SL (denominada desde el 01.03.2005 Easy Concept Comunicación sl), Good&Settersl Servimadrid Integral SL y Diseño Asimétrico SL; Teconsa, gestionada por el investigado José Luis Martínez Parra; Constructoria Hispánica SA, gestionada por el investigado Alfonso García Pozuelo; y Martinsa, gestionada por Fernando Martín Álvarez, y en cuyo interés habrían intervenido también Manuel Salinas y Amando Mayo Rebollo, así como su asesor fiscal Ramón Blanco Balín.

Según el juez, para torcer su voluntad y a modo de pagos y comisiones ilícitas, Correa efectuó distintos regalos en efectivo y en especie a algunos de los miembros del grupo, en consideración a su integración en el mismo, al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel y a las otras mercantiles mencionadas. En concreto, a Ginés López (545.328,98 euros), a Benjamín Martín Vasco (363.295,63 euros). y a Juan Fernández Caballero (13.700,00 euros).

25 MILLONES DE COMISIÓN

El auto también explica que Correa, Crespo y Blanco Balín habrían convenido con, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco, el cobro de una comisión por la adjudicación de las parcelas integradas en la unidad de ejecución 124 pertenecientes al Ayuntamiento de Arganda del Rey. Esta comisión habría ascendido, señala el magistrado, al menos, a un total de 25 millones de euros y habría sido pagada por Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo con motivo de la adjudicación a favor de Martinsa, “conociendo que iba a ser distribuida entre al menos los investigados anteriormente referidos”.

La comisión de 25 millones de euros se distribuyó entre algunos de quienes habían intermediado a favor de Martinsa, en concreto, entre al menos Correa y Blanco Balín, y los cargos públicos con quienes se habría acordado la adjudicación a favor de esa empresa, al menos, Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

La comisión se habría abonado en sendos pagos de 12.000.000 y 12.870.000 euros efectuados en diciembre de 2004 y junio de 2006, respectivamente, en cuentas que Correa mantenía en Mónaco y en Suiza y en un tercer pago de 130.000 euros transferido directamente a Blanco Balín en una cuenta que mantenía abierta en Suiza a nombre de la sociedad panameña Darwin International Consultants.