Joaquín Sanz, el trabajador afectado, comenzó a sufrir los síntomas de su enfermedad en 2009 y había trabajado en las sedes de Endesa en Aznar Molina y Argualas, ubicadas junto a centros de transformación eléctrica en los que había un alto nivel de exposición electromagnética. En 2013 los servicios médicos de la empresa le valoraron como persona sensible a campos electromagnéticos, pero tuvo que seguir trabajando en las oficinas situadas en Madrid junto a wifis y antenas de telefonía.

Según la asociación, en 2016 el ingeniero de telecomunicaciones Ricardo de Francisco consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarase que su electrosensibilidad era causa de incapacidad laboral, del mismo modo que lo lograba en 2017 una trabajadora de la Universidad de Murcia.

Miembros de la comunidad científica llevan tiempo denunciando que los crecientes niveles de contaminación electromagnética suponen un riesgo para la salud y que las instituciones de protección radiológica están siendo influidas por las compañías de telecomunicaciones. Diferentes organizaciones ecologistas y colectivos de afectados vienen demandando que se rebajen los actuales límites de emisión electromagnética, tanto para la población en general como en el ámbito laboral.