Antes, el tribunal juzgador tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones previas y decidir si aplica la `doctrina Botín´, que dejaría fuera a 30 de los investigados, al no estar acusados por la Fiscalía, o si, atendiendo a la advertencia hecha por el ministerio público de que podría ampliar la acusación, los mantiene como imputados.

Además, decidirá si da licencia a los que se sientan en el banquillo para ausentarse del juicio, como han pedido, y sólo acudir en el momento de la declaración y de las conclusiones finales.

Una parte relevante de los acusados pidió al tribunal aplicar la 'doctrina Botín', que implicaría el archivo del proceso cuando los imputados no son acusados por el ministerio fiscal o acusaciones particulares, aunque sí exista una acusación popular.

La Fiscalía solo acusaba en su origen a cuatro de los 34 exdirectivos investigados, para los que solicitaba penas de prisión de entre dos años y siete meses y cinco años.

Sin embargo, la fiscal Carmen Launa Oriol, que sustituyó a Alejandro Luzón al frente del caso, rechazó en noviembre pasado tal solicitud con el argumento de que el único perjudicado no es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), sino que la supuesta falsedad de las cuentas pusieron en riesgo al sistema financiero y agudizó la crisis en el país. Asimismo, desveló que barajaba acusar por un segundo delito, el de falsedad contable.

La acusación original de la Fiscalía se limitaba al expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al exvicepresidente José Luis Olivas, al exconsejero delegado Francisco Verdú y al exconsejero José Manuel Fernández Norniella.

'DOCTRINA BOTÍN'

Launa demandó a su vez durante la exposición de cuestiones previas que se incluya una ampliación del informe del técnico del Banco de España Antonio Busquets sobre la información contable de la salida a bolsa de Bankia, que evidenciaría que la entidad habría ocultado información sobre el conflicto que tenía abierto con Aviva por el negocio de bancaseguros.

El problema ahí sería que el banco no había efectuado provisión pese a existir un litigio con la aseguradora que acabó costando al banco 608 millones de euros.

La información de Busquets, que junto con el perito Víctor Sánchez Nogueras redactó sendos informes muy críticos con la gestión de las cajas que dieron lugar a Bankia, incide en su idea de que los estados financieros cerrados a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de ese año no expresaban la imagen fiel de la entidad.

Las defensas de Deloitte y de Bankia pidieron rechazar dicho informe al considerar que su inclusión ahora puede generar “indefensión” en los acusados al ser “un informe de parte, que se elabora sin que lo solicite el juez instructor y que (el perito) remite por su cuenta y riesgo al ministerio fiscal”, y por que contiene errores.

UN PROCESO QUE ARRANCÓ EN 2012

El 'caso Bankia' echó a andar en julio de 2012, cuando el juez Fernando Andreu decidió investigar la denuncia de UPyD contra el banco y los exdirectivos por presunta estafa a los ahorradores que invirtieron su dinero en la fallida salida a bolsa de la entidad el 21 de julio de 2011.

Bankia, nacida de la fusión de siete cajas lideradas por Caja Madrid y Bancaja en el mes de diciembre de 2010, tuvo que ser rescatada en mayo de 2012 con una inyección de 22.424 millones de euros que implicó su nacionalización para reforzar el balance.

El ejercicio previo al debut bursátil declaraba un beneficio de 309 millones, pero que se truncó en 3.030 millones de pérdidas cuando los nuevos gestores elegidos tras la nacionalización reformularon unas cuentas que se había negado a firmar el socio auditor de Deloitte, también denunciada en el proceso.

Según los peritos, el salto al parqué se produjo con unas cuentas que no reflejaban "la imagen fiel" de su balance, mientras que el equipo liderado por Rodrigo Rato defendía que fue el sobreesfuerzo en provisiones acometido en 2012 y con la nacionalización el que transformó el beneficio en pérdidas. A su juicio, fue además excesivo y se generó por el deterioro de los activos con la crisis económica posterior a la salida a bolsa y con el drástico aumento de los requerimientos en dotaciones exigido con los 'decretos Guindos'.

En 2016 Bankia decidió asumir la devolución de todo el dinero que invirtieron los minoristas en la salida a bolsa para ahorrar costes judiciales y litigiosidad, tras un fallo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que resolvió que hubo error en el consentimiento por parte de los inversores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública. El Alto Tribunal abrió así la puerta para los minoristas, al tiempo que juzgó que los inversores cualificados conocían el riesgo al que se exponían.

El banco captó en Bolsa 3.092 millones de euros: 1.237 millones a través de ventas de acciones a inversores institucionales y 1.855 millones por parte de particulares, ya resarcidos.

Durante el proceso en la Audiencia Nacional el juez dividió la investigación en tres piezas: la salida a bolsa sobre la que ahora se celebra el juicio oral, las ya juzgadas 'tarjetas black' y la investigación archivada de las participaciones preferentes.