Así lo dijo a Servimedia después de que el Gobierno aprobase el anteproyecto de la Ley, que establece que la prescripción de esos delitos empieza a computar a partir de que la víctima cumpla los 30 años, y no los 18 como hasta ahora.

“Muchos quedaban impunes”, apuntó, por lo que era “muy necesario” aumentarlo, ya que, según la Plataforma, la edad media a la que se denuncian los abusos sexuales es de 35 años. Según Ibarra, la propuesta del Consejo de Ministros supone “un avance notable que garantizará que la mayoría de los delitos no queden impunes”. “Aunque hubiéramos preferido que se ampliase a los 50 años para que no hubiese ninguna impunidad”, sentenció, con la esperanza de que el Congreso de los Diputados acepte enmiendas en ese sentido cuando se comience a tramitar el texto definitivo en el Parlamento.

Aun así, desde la Plataforma de Infancia, que aglutina a 66 organizaciones que defienden los derechos de los menores en España, se valora “muy positivamente” la iniciativa del Ejecutivo, pues supone “un cambio radical”.

Este experto también considera “fundamental” que se impulse la denominada “prueba preconstituida” que permita a los menores de 14 años no revivir momentos “muy dolorosos” y “traumáticos” con múltiples declaraciones ante el juez, aunque las ONG de infancia demandan que la ley eleve la edad mínima para gozar de esa medida a los menores de 16 años y así reducir el número de declaraciones de las víctimas.

VISIÓN INTEGRAL

Desde la Plataforma de Infancia también se ve con buenos ojos que el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros no sólo se ocupe de los abusos sexuales, sino que ofrezca una “visión integral” a todo tipo de violencia hacia los menores y que se anuncie una estrategia integral que permita garantizar que esos cambios normativos van acompañados por políticas concretas.

No obstante, Ibarra dijo a Servimedia que considera crucial que se asigne un presupuesto a la futura ley para poder trabajar en la prevención de la violencia hacia los menores y en la formación de profesionales que trabajan con niños en múltiples ámbitos, desde la educación, el mundo sanitario, el ocio y la familia.

El director de la plataforma se congratuló por el anuncio de que se establecerán protocolos en centros escolares y se impulsará en ellos la figura de una persona referente, cercana y conocida para los escolares, para que puedan denunciar cualquier situación de violencia.

Finalmente, las ONG de infancia confían en que se agilice el trámite de la ley y que se impulse “con urgencia” para que pueda estar “antes del verano”, pues existe un consenso y un trabajo previo que pueden verse dificultados por la caducidad de la legislatura.