La norma determinará la tasa de retribución financiera entre 2020-2025 del transporte, la distribución y la producción de energía eléctrica, para cuya fijación el Ministerio solicitó un informe a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).

El documento fija así la tasa de retribución para los negocios de redes y generación eléctrica no peninsular en el 5,58% frente al 6,503% actual a partir del ejercicio 2020.

En el caso de las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos, la rentabilidad será del 7,09%, por debajo también del 7,503% actual -aquellas anteriores al real decreto de 2013, disfrutan de una tasa algo superior, del 7,389%-.

Con el objeto de garantizar un marco retributivo estable, el anteproyecto plantea además que la tasa de retribución que tienen reconocida en la actualidad no pueda modificarse hasta 2031 en el caso de las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos con derecho a retribución primada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, que ha sido objeto de una significativa litigiosidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

Cumpliendo con lo establecido en la Ley del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, el texto realiza una primera propuesta de retribución antes del 1 de enero del último año del actual periodo regulatorio, esto es, antes del 1 de enero de 2019.

Para los cálculos toma como referencia el rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años –los bonos del Estado a diez años-, incrementándolo con un diferencial adecuado. Y es precisamente para dicho diferencial para lo que se encargó el estudio a la CNMC,

Según detalló hoy el Ministerio, la propuesta del anteproyecto, por tanto, "plantea un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas actividades se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz".

ACABAR CON LOS LIGITIOS

La norma llegará después de la importante litigiosidad interna y a escala internacional que originó el Real Decreto 9/2013, que modificó el régimen jurídico y económico para las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

Hasta la fecha se han resuelto siete laudos arbitrajes y cinco de ellos han sido parcialmente condenatorios para el país. Según el Ministerio, en la actualidad hay además otros 35 procedimientos de arbitraje internacional abiertos contra el Reino de España.

El objetivo de la norma es zanjar esas disputas fijando un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por el mencionado decreto.

Con la intención de lanzar una señal positiva a los inversores para evitar el planteamiento de nuevos procedimientos o, en su caso, poner fin a los ya existentes, el anteproyecto garantiza a sus titulares que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio, el actual, no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020.

Las indemnizaciones o compensaciones que deban ser abonadas a consecuencia de resolución firme dictada en cualquier instancia, judicial o arbitral, se detraerán

del importe correspondiente a la diferencia entre la retribución que proceda abonar de las tasas de retribución congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido en el régimen ordinario.

No obstante, los titulares podrán renunciar a este marco retributivo y acogerse al ordinario, sujeto a modificación cada seis años. El anteproyecto de ley, una vez concluya los trámites para su elaboración, debe volver al Consejo de Ministros para su trámite parlamentario posterior.