El Consejo de Ministros, basándose en la Ley de la Memoria Histórica y a propuesta del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y de la ministra de Justicia, declaró hoy el "carácter radicalmente injusto de las disposiciones por las que se acordó el cese: unos por Orden Ministerial en 1941, otros que fueron represaliados junto a numerosos catedráticos de Universidad nada más terminar la guerra civil y los que se exiliaron por la fuerza de los hechos".

Según indicó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, "con este acuerdo se honra y recupera a los que padecieron las injusticias y agravios durante la dictadura, a través de la reparación moral y la recuperación de su honor y su memoria personal y familiar".

El Consejo de Ministros ha aprobado también la comisión de trabajo para la rehabilitación y garantía del derecho al honor de los miembros de las reales academias y academias de ámbito nacional sancionados durante la Guerra Civil y la dictadura.

Esta comisión interministerial, presidida por la secretaria de Estado de Universidades e I+D+i, Ángeles Heras, estará formada por los subsecretarios de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Justicia, por el secretario general de Coordinación de Política Científica, el secretario general de Universidades, el director general para la Memoria Histórica y el presidente del Instituto de España.

La comisión tendrá entre sus principales objetivos: "investigar las sanciones administrativas impuestas a los miembros integrantes de las reales academias y academias nacionales; determinar su carácter injusto en el caso de que dichas sanciones fueran impuestas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, y valorar la legitimidad de las sanciones y reconocer el derecho al honor y a la propia imagen de los científicos sancionados injustamente y represaliados".