En relación al Plan de Empleo Joven, el viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, mostró su desacuerdo con el procedimiento que se ha llevado a cabo hasta su aprobación.

“No se ha negociado con las comunidades autónomas, que, en definitiva, son las competentes para el desarrollo de las medidas que contiene”, manifestó. Asimismo, añadió, “la mayoría de las actuaciones ya se encuentran en marcha y, por tanto, no aportan valor y no se parte de un buen diagnóstico”.

A su juicio, “las novedades que se incorporan son escasas, sin apenas relevancia, y tampoco se contempla ningún tipo de financiación adicional”. García Martín concluyó que dicho documento “ni es un plan, ni es de choque”.

ORIENTAJOVEN

Sobre el Programa Orientajoven, que prevé la incorporación de técnicos en las oficinas de empleo para realizar tareas de orientación a los colectivos más vulnerables, manifestó que “en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, ya contamos con tutores especializados en la atención de jóvenes y desempleados de larga duración, y además en 2016 pusimos en marcha un plan específico de oficinas de empleo que fue consensuado con los sindicatos, en el que se contempla la incorporación de nuevos técnicos para realizar estas labores de forma estructural y no temporal, como pretende el Gobierno".

El viceconsejero indicó que en el marco de dicho plan "ya hemos creado 180 nuevos puestos estables, que esperamos se tengan en consideración”, y pidió al Ministerio de Trabajo que “apueste por la estabilidad de la plantillas, porque de no hacerlo estaría contribuyendo a fomentar la temporalidad y la precariedad”.

En relación a los criterios de distribución de fondos por parte del Estado a las comunidades autónomas para el desarrollo de las políticas activas de empleo, la Comunidad de Madrid mostró su “profundo desacuerdo con la propuesta del Ministerio, ya que supone la vuelta al modelo de 2011, que no tenía en cuenta ni el esfuerzo ni los resultados que obtenían las distintas comunidades autónomas”.

El viceconsejero explicó que dichos criterios vulneran lo pactado en la última Conferencia de Presidentes que tuvo lugar en enero de 2017, en la que se acordó “seguir avanzando en la evaluación de las políticas activas en función de resultados”.

Dijo que, con las condiciones actuales de reparto de fondos, el 50% del presupuesto anual asignado a cada comunidad está vinculado a la evaluación de las distintas actuaciones y con el nuevo modelo dicho porcentaje quedaría reducido al 1,5% en 2019, a lo que habría que sumar, en su caso, los posibles incrementos presupuestarios.

A juicio de García Martín, “con el nuevo modelo de distribución de fondos ni se reconoce la eficacia en la gestión ni el compromiso de las distintas comunidades con la calidad de las política de empleo”.