Inmigración

Sánchez vincula el fin de las devoluciones 'en caliente' a un cambio en la Ley de Extranjería, pero no en la 'ley mordaza'

MADRID
SERVIMEDIA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este martes en el Senado que cualquier modificación respecto a las repatriaciones de inmigrantes en la frontera pasaría por modificar la Ley de Extranjería, no la de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza'.

Sánchez, que compareció en el Senado a petición del PP para detallar sus actuaciones "ante la crisis migratoria que vive España", subrayó que fue el PSOE quien llevó ante el Tribunal Constitucional las devoluciones de inmigrantes en frontera. El presidente respondió así al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, quien le pidió "aumentar el número de expulsiones" de inmigrantes para corregir los "errores" cometidos en materia migratoria desde que llegó a La Moncloa.

El presidente indicó que cualquier actuación del Gobierno en este sentido aguardará a que la Justicia europea se pronuncie sobre dos casos de devoluciones en las fronteras de Ceuta y de Melilla que están pendientes de resolución. Con todo, Sánchez subrayó que dicho cambio se llevaría a cabo mediante una modificación de la Ley de Extranjería, no de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Diversas ONG, entre ellas Amnistía Internacional y Oxfam, han pedido la derogación de la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería "como primer paso" para poner fin a esta práctica, aunque siguen reivindicando la supresión de la disposición final primera de la Ley de Seguridad Ciudadana.

DEVOLUCIONES

Por su parte, Cosidoo recomendó al presidente que "reconozca el problema" migratorio en España, que vive "la peor crisis migratoria de las últimas décadas"; aplique una "rectificación urgente" de sus políticas migratorias, que se caracterizan por "la indefinición, la inconsistencia y la ineficacia", y busque el acuerdo de todos los grupos políticos sobre esta cuestión. Reclamó también un pacto de Estado por la Inmigración.

Para lograrlo, le animó a considerar la creación de una comisión especial sobre inmigración en la Cámara Alta con el objetivo de construir ese "consenso tan necesario" en política migratoria.

Cosidó acusó a Sánchez de haber convertido a España en la "principal puerta de entrada a Europa de los migrantes", cuando en el pasado el país era "el modelo y la referencia" en el Viejo Continente en este terreno.

A su juicio, el "primer error" del Ejecutivo en inmigración fue el 'Aquarius' y recriminó al Gobierno haber dado bandazos a cuenta de las 'devoluciones en caliente', las concertinas y el "desbordamiento" de las fronteras Schengen, que, se evidencia en las devoluciones de inmigrantes por parte de las autoridades francesas.

Por su parte, Sánchez recordó a Cosidoo su etapa como director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, que se saldó con 5.000 devoluciones frente a las 11.000 con que terminó el Ejecutivo socialista en 2011. En cuanto a la acogida del 'Aquarius' y de otros barcos de rescate, Sánchez preguntó al senador del PP si su alternativa pasa por "dejar a los migrantes al pairo en el mar".

FIN DE LOS CIE

Los senadores de Compromís y PNV, Carles Mulet y Jokin Bildarratz, respectivamente, exigieron al presidente del Gobierno el fin de las detenciones de inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. También se interesaron por la situación de los Menores Extranjeros no Acompañados (menas), y exigieron soluciones para "desatascar" la acumulación de solicitudes de asilo en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

En su intervención, Bildarratz reclamó visados humanitarios para impulsar la inmigración legal, así como el fin de las devoluciones "ilegales de inmigrantes", y lamentó que "el colapso" en la OAR impide "el derecho de asilo" en España.

En esta idea coincidió con el representante de Bildu, Jon Iñarritu, quien interrogó al presidente sobre "su compromiso de acabar con las devoluciones en caliente". También quiso saber "si (Sánchez) elegiría Marruecos como país de destino si alguna vez tuviese que irse al exilio".

El presidente subrayó que este Gobierno ha iniciado la contratación de 231 funcionarios para reforzar la OAR y que repartirá 40 millones de euros para la atención e integración de los menas entre las comunidades autónomas. A su juicio, el problema es que algunas autonomías no comunicaron al Gobierno central el número de menores en su territorio hasta que no conocieron la disponibilidad de fondos.

(SERVIMEDIA)
18 Dic 2018
AGQ/MST/gja