El informe incluye en el capítulo dedicado a España una denuncia de los trabajadores de TVE por "malas prácticas" en relación con el seguimiento de la guerra de Iraq.

Además, la parlamentaria ponente del informe, que forma parte de la comisión de Libertades del Parlamento, destaca que "las presiones gubernativas sobre el servicio público de TVE han dado lugar a distorsiones y ocultaciones patentes de los datos sobre la responsabilidad de lo execrables actos terroristas del 11 de marzo pasado".

Los diputados miembros de esa comisión del Europarlamento señalan que aún no existe en España una autoridad independiente de control de los medios audiovisuales.

No obstante, el centro del informe se refiere a las "reiteradas injerencias, presiones y censuras gubernamentales en el organigrama y la programación" del servicio público de radio y televisión italiana, y denuncia que "el sistema italiano presenta la anomalía de una peculiar concentación de poderes económicos, políticos y mediáticos en manos de una única persona, el actual presidente del Consejo de Ministros italiano, Silvio Berlusconi".

Por todo, se expresa la preocupación por la posibilidad de que la situación italiana se reproduzca en otros Estados miembros, especialmente en países en vías de adhesión.

"Cuando los Estados miembros no tomen las medidas adecuadas, ya sea porque no puedan o porque no quieran, la UE tiene la obligación política, moral y legal de garantizar, entro de sus ámbitos de competencia, que se respete el derecho de los ciudadanos de la UE a unos medios de comunicación libres y pluralistas", concluye el informe, que pide un órgano regulador independiente para los medios públicos.