Así lo declaró este martes en el Senado el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la pregunta de la senadora popular Cristina Sanz sobre la falta de recursos en esta oficina. Según Grande-Marlaska, estos 97 interinos forman parte de los 231 que su departamento prometió para “desatascar la acumulación de expedientes”, dada “la inacción” del Gobierno anterior en este terreno, que “no hizo nada”.

El ministro admitió que se tuvo que despedir a los 90 trabajadores que el Gobierno anterior contrató para hacer frente al repunte de solicitudes tras la crisis de Siria, porque “fueron contratados para un proyecto concreto e iban a cumplir tres años de trabajo y no podían continuar. De ser así, la legislación obliga a asimilarlos como personal público”.

“Hemos abierto una convocatoria extraordinaria de empleo público a través de la bolsa de interinos, y ya tenemos 97 trabajadores, que son más de los que se fueron”. Además, todos han recibido formación antes de incorporarse al servicio, cuando los contratados por el Gobierno anterior “fueron formados durante el ejercicio de sus funciones”.

En su intervención, la senadora señaló que los planes del ministro “pueden ser una solución a largo plazo, pero a corto y medio plazo solo pueden empeorar la situación”.

Subrayó que el número de solicitudes se ha multiplicado por 10 desde 2012, y recalcó que los más afectados son los solicitantes de asilo que “huyen de un régime dictatorial y opresor como Venezuela”.

“La situación de los venezolanos es algo que ocupa y preocupa a este Gobierno”, contestó Grande-Marlaska, y no solo la de los procedentes de Venezuela, “sino la de todos los refugiados”.