Se trata de una enmienda de IU-ICV que no fue vetada por el Gobierno y que propone la restitución de "lo que fue una conquista social justa: el mantenimiento del poder adquisitivo de las personas que cobran pensiones públicas". En la enmienda se propone restar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 1.500 millones de euros para destinarlos al pago de las pensiones.

La enmienda alega que "la reducción del déficit público no debe hacerse sobre la base de la congelación de las pensiones y su no actualización de conformidad con el incremento de los precios, pues tal congelación contribuye a un más desigual reparto de la riqueza y supone hacer pagar la crisis generada por los mercados financieros a quienes ni son los principales responsables, ni son las personas que mejor pueden soportar los ajustes en sus ingresos".