En la actuación de oficio iniciada ante el ministerio, el Defensor apela a "razones humanitarias" y subraya que "no parece que Malta e Italia estén dispuestas a permitir el desembarco de estas personas".

Asimismo, recuerda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) "ha repetido "en varias ocasiones" que Libia no es un puerto seguro para el desembarco de migrantes y que "desaconseja los retornos a este país tras los rescates en el mar".

A juicio del Defensor, "la negativa de quienes tendrían la obligación legal de permitir el desembarco de estos náufragos pone a la tripulación española de este pesquero en una situación límite desde el punto de vista de su seguridad y de los derechos humanos".

En este sentido, destacó la importancia de que los países europeos "colaboren entre ellos para garantizar que los capitanes de los buques que presten auxilio embarcando a personas en peligro en el mar sean liberados de sus obligaciones con una desviación mínima respecto al viaje proyectado del buque". Para ello, habría que organizar "el desembarco tan pronto como sea razonable", indicó el Defensor.

Por último, valoró positivamente "el decidido compromiso del Gobierno español con las obligaciones de rescate básicas previstas en el derecho del mar y con la necesidad de que los países más cercanos asuman su obligación de coordinarse".