Lesmes ha sido el encargado presentar la 'Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos' elaborada por un grupo de expertos a instancias de la Comisión de Igualdad. El texto, que ofrece un enfoque multidisciplinar de la trata, tiene como objetivo servir de apoyo a los jueces y magistrados para comprender en qué consiste este fenómeno criminal, cómo detectar su existencia y cuál es la perspectiva más eficaz para su abordaje.

El proyecto cobra importancia a la vista de que España es “país de origen, tránsito y destino de mujeres, hombres y niños sometidos a la trata con fines de explotación sexual y laboral”, dijo Lesmes, que explicó que más del 90 por ciento de las causas por trata de seres humanos en España lo son con fines de explotación sexual y que más del 90 por ciento de las víctimas de esta clase de trata son mujeres y niñas, con lo que la perspectiva de género resulta esencial a la hora de enfrentar a esta grave violación de los derechos humanos.

La presidenta de la Comisión de Igualdad, Clara Martínez de Careaga, ha definido la trata de seres humanos como la “esclavitud siglo XXI” y ha alertado sobre la “acuciante necesidad” de ahondar en la formación de los jueces y magistrados con el fin, y esa es la vocación de la Guía, de “alcanzar mayores cotas de eficacia en la detección y persecución” de este grave delito. España, ha recordado la vocal, es el tercer país del mundo en demanda de prostitución, un dato “desolador”, por lo que es necesaria una ley integral contra la trata de seres humanos.

Martínez de Careaga y los vocales de la Comisión de Igualdad -Concepción Sáez, Gerardo Martínez Tristán y Nuria Díaz Abad- han coordinado los trabajos del grupo de expertos, integrado por miembros de las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia, agentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, psicólogos forenses y profesionales pertenecientes a entidades especializadas en la defensa y asistencia a las víctimas de la trata.

La Guía se divide en cuatro grandes bloques: el primero contiene una descripción general del fenómeno; el segundo se refiere a la protección penal contra la trata de seres humanos; el tercero, a la protección administrativa y el cuarto, y último, a la cooperación judicial Internacional en la lucha contra esta actividad criminal.

El Convenio de Varsovia (2005) define la trata como una “grave vulneración de derechos humanos que conlleva la explotación de las personas que son sometidas a la misma, la privación de libertad y del ejercicio de derechos fundamentales y, muy a menudo, altos niveles de violencia”.

MENORES

Partiendo de esta definición, la Guía aborda la trata tanto desde la perspectiva de los derechos humanos como desde una perspectiva de género, pues está ampliamente documentado que la trata con fines de explotación sexual afecta principalmente a mujeres y niñas.

Junto a la explotación sexual, existen también otras modalidades, como son la trata con fines de explotación laboral, para la mendicidad, para realizar actividades delictivas, para el tráfico de órganos, tráfico de niños y niñas, adopciones ilegales o gestación subrogada forzosa.

La unión de ambas perspectivas implica que, cuando se afronta una causa por trata de seres humanos, la prioridad sea siempre proteger a la víctima, ayudarla a salir de esa situación y vitarle mayores sufrimientos; en definitiva, procurar su recuperación y evitar su revictimización.

Los expertos advierten de que las víctimas no pueden ser tratadas como “meros instrumentos” para llevar a buen fin el procedimiento penal o como “inmigrantes en situación irregular”, sino como “sujetos y titulares de derechos”. Además, cuando la víctima sea menor de edad, todas las decisiones deberán adoptarse bajo el principio del interés superior del niño.

La guía enumera los indicadores que sirven para detectar la presencia de una víctima, entre otros, procedencia de la víctima, factores culturales, de etnia o vinculación a los investigados. Además, destaca la importancia de tener en cuenta que las víctimas son coaccionadas por las mafias y que en muchos casos desconfían de las Fuerzas de Seguridad del Estado por el temor a ser expulsadas de España.

PROTECCIÓN PENAL

La Guía realiza un minucioso análisis de los tipos penales propios de la trata, que puede confundirse con el delito de tráfico de personas, referido al contrabando de migrantes o inmigración ilegal, cuando son tipos penales con características distintas. El primero con fines de explotación contempla en muchos casos que la víctima de trata es obligada, a veces con violencia o intimidación, o engañada para ser trasladada, mientras que el desplazamiento territorial del inmigrante es voluntario.

En este capítulo, la guía incluye la jurisprudencia más reciente y la competencia para la investigación de este delito, que con frecuencia son causa de conflictos jurisdiccionales. También incluye consideraciones estrictamente procesales y recomienda líneas y medidas de investigación (es clave, por ejemplo, la investigación patrimonial de los tratantes), medidas de protección de la víctima dentro y fuera de la sede judicial, la práctica de prueba preconstituida o la necesaria coordinación con otros organismos e instituciones.

La guía destaca la importancia de que organismos como la Intervención General de la Administración del Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Inspección de Trabajo o la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos colaboren en la investigación con los jueces y magistrados.

El tercer bloque analiza el fenómeno de la trata de personas desde el punto de vista administrativo, poniendo el foco sobre las tendencias legales y jurisprudenciales más recientes en materia de extranjería, en el derecho de asilo y en la protección internacional.

Por último, examina las distintas herramientas para la cooperación judicial internacional que los operadores jurídicos tienen a su disposición, tanto a nivel europeo como extracomunitario, en la tramitación de los asuntos sobre trata de personas.

Al acto han asistido, entre otras autoridades, el magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; vocales del Consejo General del Poder Judicial y altos mandos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.