Entre otras cuestiones, dicha resolución promueve que se conceda a las lenguas de signos el estatus de lenguas oficiales, al considerar que una de cada mil personas utiliza la lengua de signos nacional como su primera lengua, aspecto que para la presienta de la CNSE, Concha Díaz, “viene a refrendar nuestra reivindicación de incluir la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en la Constitución Española al mismo nivel que el resto de lenguas del Estado”.

En lo referente a la educación, “principal instrumento para revitalizar y preservar las lenguas minoritarias en peligro, así como para garantizar la socialización y el desarrollo de la identidad de sus usuarios”, según dicta la citada resolución, el Parlamento Europeo insta a los gobiernos de cada país a prestar especial atención a las personas que utilizan la lengua de signos.

En este sentido, subraya que “las personas sordas, como miembros de una minoría lingüística que son, tienen derecho a la educación en lengua de signos”, y aclara que “la continuidad de la educación en la lengua materna es vital para preservar la identidad cultural y lingüística de estas ciudadanas y ciudadanos”.

Una afirmación que la presidenta de la CNSE apoya y exige que se traslade con celeridad a la práctica educativa del alumnado sordo. “Sin medidas concretas que hagan posible la incorporación de la lengua de signos en los planes de estudio, las personas sordas seguirán viendo lastrado su futuro”, afirma.

Para Concha Díaz, “es hora de dejar a un lado etiquetas y prejuicios, de escuchar las necesidades de niños y jóvenes sordos y sus familias, y de apostar por aquello que realmente les aporta y les suma”, algo que según manifiesta pasa por “la incorporación de las lenguas de signos como lenguas vehiculares y curriculares, y la imprescindible participación de profesionales sordos en los centros”.