Según informó el Instituto Armado, en las actuaciones que se han llevado a cabo se ha procedido al requerimiento judicial de los 10 expedientes objeto de investigación, que obran en poder de la empresa pública de infraestructuras de Cataluña como órgano licitador y adjudicador de los mismos para su posterior estudio y análisis.

También se ha entregado un mandamiento judicial dirigido a la Autoridad Catalana de la Competencia para que aporte cuantas actuaciones haya realizado relacionadas con el entramado de empresas que estarían involucradas en la adjudicación de determinados concursos.

La operación ‘Colusorium’, que se entronca en el marco de unas diligencias previas dirigidas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, comenzó con el análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados.

De estos correos, fechados entre los años 2008 y 2011, se concluyó que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas.

Las empresas privadas acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a potenciales competidores.

La Guardia Civil investiga el posible direccionamiento irregular de numerosos expedientes de contratación pública, constatándose la celebración de diversas citas entre los empresarios adjudicatarios y miembros del poder adjudicador.