Así se pronunció Garzón durante su intervención en la reunión de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida celebrada este sábado en la sede del partido en Madrid.

Subrayó que su partido apoyó la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa con el objetivo de cambiar las políticas impulsadas por Rajoy y por José Luis Rodríguez Zapatero.

Lamentó la “extrañeza” que le invade al observar el inmovilismo de Sánchez para aprobar unos nuevos PGE, a pesar del acuerdo suscrito con Unidos Podemos que incluye una serie de medidas “muy importantes” para revertir los recortes impulsados por Rajoy.

“Estamos ante la paradoja de que él hace menos esfuerzos que nosotros para que cristalicen esos presupuestos”, exclamó.

Evidenció la ausencia de diálogo por parte del Gobierno con otros grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo sobre las cuentas públicas, lo que le llevó a mostrar su sospecha de que el Gobierno no quiere aprobar unos nuevos PGE al preferir prorrogar los de Rajoy.

Esta situación, desde su punto de vista, sería muy grave, ya que supondría que el PP “marcaría la política económica” del Gobierno. “No nos merecemos un Gobierno que improvisa”, dijo Garzón, para exigir al Gobierno que lleve los PGE al Congreso y busque los “apoyos suficientes” para sacarlos adelante.

Por otra parte, indicó que en España se sigue viviendo un momento de “crisis de régimen”, entendida como un proceso de desafección de las clases trabajadoras hacia la Monarquía y el Poder Judicial.

La “deslegitimación” de la sociedad con la Casa Real se ha agravado con la divulgación de unas “grabaciones” que representan, a su juicio, una suerte de “pruebas e indicios” contra un “representante de la Monarquía” que habría cometido “delitos graves contra la hacienda pública”.

Por ello, censuró al PSOE, PP y Cs que impidan investigar en el Congreso las actividades económicas del rey Juan Carlos I posteriores a su abdicación, lo que da lugar a una especie de “inviolabilidad”.

Situó la “deslegitimación” del Poder Judicial en su actuación como un “actor político más” en el proceso independentista catalán y en la “escandalosa sentencia doble” del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.