Será con una moción que se debatirá el martes en el pleno del Congreso de los Diputados, consecuencia de una interpelación que la semana anterior formuló Ciudadanos a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Durante aquel debate, la ministra consideró un "ejercicio de ficción" hablar de indultos cuando aún no ha habido ni siquiera juicio.

Rivera ha hecho de esa posibilidad de indultar a los líderes independentistas que sean condenados uno de sus caballos de batalla contra el Gobierno, denunciando que esa promesa forma parte de sus acuerdos ocultos con las formaciones independentistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

Por ello, Ciudadanos ha presentado este tipo de iniciativas no solo en el Congreso sino en los parlamentos autonómicos en los que tiene representación, entre ellos en la Asamblea de Madrid, donde fue rechazada la semana pasada. Además, el próximo sábado 24 de noviembre el propio Rivera participará en un acto de la plataforma 'España Ciudadana' para reiterar el rechazo a esa posibilidad.

En la exposición de motivos de la moción, Ciudadanos denuncia que durante los últimos años "la imagen y credibilidad de la Justicia española ha venido deteriorándose, en parte a consecuencia de la sensación de politización que tiene la ciudadanía respecto de los altos cargos del Poder Judicial", una sensación que tiene "motivos para existir".

Entre esos motivos, señala el hecho de que desde 1985 los partidos elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo cual se ha traducido "en un reparto político que socava la independencia judicial y, de esa manera, debilita grave y peligrosamente a uno de los poderes del Estado", como se ha visto de nuevo estos días con acuerdos "poco ejemplares".

Ciudadanos considera que el equilibrio entre los poderes del Estado se ve alterado al actuar el Gobierno como "censor" del Poder Judicial contradiciendo "diametralmente" su criterio, y denuncia especialmente la supuesta intención de aprobar esos indultos si los tribunales condenan a los líderes independentistas contra los que la Fiscalía General del Estado interpuso querella en octubre de 2017.

La formación recuerda que esa querella dio lugar a una causa que se sigue en el Tribunal Supremo en la que se ha dictado auto de procesamiento contra 13 dirigentes independentistas "por delitos de especial gravedad, a saber: rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia".

En paralelo a ese proceso, denuncia, diferentes dirigentes políticos, especialmente del PSC, se han mostrado "favorables a la atenuación de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas por el juez instructor, e incluso partidarios de la concesión de futuros indultos para el caso de que se llegase a dictar sentencia condenatoria contra los procesados". "Estas actuaciones comprometen gravemente el principio de independencia del Poder Judicial, en la medida en que se advierte de la posible inejecución de las sentencias que se pudieran dictar para el caso de que no resultasen alineadas con la estrategia política considerada más favorable para sus intereses políticos", añade.

Ciudadanos subraya que la Constitución consagra el principio de independencia judicial y que ese tipo de manifestaciones, con mucha antelación a la finalización de la causa, expresan la voluntad del Gobierno de "obviar la acción de la Justicia", lo que, además de suponer "un verdadero fraude de ley", alimenta la "sensación de impunidad en aquellos que han perpetrado un gravísimo golpe contra nuestra democracia, con manifiesto desprecio de nuestra Constitución, del Estatut y del principio de soberanía nacional".

Alerta, además, de que esos líderes independentistas no han mostrado voluntad de asumir responsabilidades ni arrepentimiento, por lo que "no tendría mucho sentido suprimir o acortar las penas que los tribunales estimen razonables para lograr una posible rectificación que está muy lejos de producirse".

Ciudadanos argumenta, finalmente, que en este caso no se dan los criterios establecidos en la ley para la concesión de indultos, ya que perjudicarían a la sociedad y cuestionaría el principio de igualdad, que "exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos que deberán responder ante los tribunales por los posibles delitos cometidos como cualquier ciudadano, sin disfrutar de privilegios derivados de conveniencias políticas".

Por todo ello, la moción pretende que el Congreso de los Diputados reafirme que "el principio de igualdad ante la Ley, como regla básica del Estado social y democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución, exige desterrar cualquier atisbo de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos".

En consonancia con ello "y para el caso de producirse sentencia condenatoria", insta al Gobierno a "no conceder el indulto ni ninguna otra medida de privilegio a los que resulten condenados por el golpe separatista cometido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017".