Éstas son algunas de las iniciativas en las que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica en un paquete de medidas que recogerá en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (que el Consejo de Ministros enviará al Congreso antes de que termine este año), el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (que el Gobierno trasladará a la Comisión Europea en diciembre) y la Estrategia de Bajas Emisiones a 2050 de la Economía Española (que se revisará cada cinco años).

Estas medidas aparecen en un documento de trabajo que el Ministerio para la Transición Ecológica envió este martes a los grupos parlamentarios del Congreso, otras administraciones públicas y representantes de sectores implicados con el fin de que el Consejo de Ministros apruebe la norma de la forma más consensuada posible antes de que termine este año, iniciando así la tramitación en el Parlamento.

Esta ley es probablemente una de las piezas centrales de la acción del Gobierno en esta legislatura y tiene como finalidad enviar señales claras, certidumbre y confianza a las administraciones públicas, empresas, inversores y ciudadanos, según fuentes del departamento dirigido por Teresa Ribera.

OBJETIVOS

La norma incluye como objetivos nacionales para 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990 (actualmente están un 17% por encima), que un 35% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables, que el sistema eléctirco tenga al menos un 70% de generación a partir de energías renovables y que la eficiencia energética llegue a al menos un 35%.

Esos objetivos son más ambiciosos para 2050, cuando las emisiones deberán reducirse en al menos un 90% en relación a 1990 y el sistema eléctrico se base exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable, es decir, a mediados de este siglo la electricidad será 100% renovable.

Ese paquete normativo incidirá en la movilidad porque, según recoge el documento del Ministerio, “a partir del año 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono”.

Esta propuesta es similar a la del Reino Unido, que ha anunciado que prohibirá la venta de coches diésel y gasolia en 2040 y en 2050 ya no podrán circular. Francia también lo impedirá en 2040; Dinamarca, Irlanda, Alemania y Países Bajos quieren lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.

Con esta fecha, el Gobierno pretende enviar “señales claras para dirigir la producción de vehículos”, algo que ya han hecho algunos fabricantes. Por ejemplo, Volvo sólo venderá coches eléctricos o híbridos a partir de 2019 y Toyota dejará de comercializar vehículos diésel a finales de 2018.

OTRAS MEDIDAS

Por otro lado, la entrada en vigor de la ley significará la prohibición de nuevas autorizaciones para exploración, investigación o explotación de actividades de hidrocarburos en todo el territorio naiconal, incluyendo el mar territorial. Las prórrogas de actividades de ‘fracking’ para explotar hidrocarburos terminarán como máximo en 2040.

Tampoco habrá nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles y la Administración General del Estado no hará nuevas inversiones en participaciones o instrumentos financieros cuya actividad incluya la explotación, la extracción, el refinado o el procesado de combustibles fósiles.

Por otra parte, el Gobierno pretende rehabilitar con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año de media entre 2021 y 2030, que al menos un 20% de los Presupuestos Generales del Estado tengan “impacto positivo en la lucha contra el cambio climático” (objetivo que se revisará al alza en 2025) y creará un Comité de Cambio Climático y Transición Energética que actuará como órgano asesor independiente para el Ejecutivo.