Según informó Justicia, los colectivos de jueces y fiscales trasladaron a Delgado que mantienen la huelga, aunque reconocieron que se trata de un paro que “no es contra el actual equipo ministerial”.

La ministra se vio este lunes por la tarde con representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), Asociación de Fiscales (AF) y Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Además de Delgado, al encuentro asistieron el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo.

Según el Ministerio, todos ellos volvieron “a repasar las iniciativas puestas en marcha -varias de ellas en tramitación parlamentaria- para cumplir con las demandas profesionales de ambos colectivos”.

Los responsables de Justicia volvieron a poner sobre la mesa el “compromiso” del departamento para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantienen paralizada los grupos de la oposición, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales como los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales.

MEJORA SALARIAL

Respecto a las reivindicaciones salariales de jueces y fiscales, el Ministerio explicó que ya les transmitió a estos funcionarios el pasado jueves 7 de noviembre que sus condiciones retributivas se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.

Este acuerdo afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado, firmado el pasado 9 de marzo, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno. Pese a ello, los colectivos han insistido en su necesidad de tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública.

Justicia trasladó además a jueces y fiscales su intención de detraer el salario correspondiente a la jornada de huelga a todos aquellos jueces y fiscales que acudan a la convocatoria de huelga. Por ello, les ha expuesto la necesidad de establecer un sistema de recuento de todos aquellos miembros que vayan a secundar el paro.

En cuanto a los servicios mínimos para la huelga del 19 de noviembre, el Ministerio indicó que no le corresponde a él fijarlos, “al no ser la autoridad laboral de ambos colectivos sino un mero pagador”. Esa función, según el departamento de Delgado, correspondería al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. Por eso, Justicia anunció que este mismo lunes enviará una comunicación oficial a ambos organismos para proponerles que los establezcan.