La firma de préstamos se "paró" ante la decisión de los ciudadanos de esperar a conocer la resolución del Tribunal Supremo, que finalmente anuló sentencias previas donde obligaba a soportar el impuesto de actos jurídicos documentados al banco, indicaron fuentes financieras.

El propio Gobierno justificó la urgencia en cambiar la ley para que sea la entidad financiera la que asuma el tributo y dar "seguridad jurídica" a un mercado tan clave para el sistema financiero y la economía, en la parálisis sufrida por la industria con los fallos contradictorios adoptados por el Alto Tribunal.

Según algunas fuentes, la decisión de esperar a que se clarificase el escenario y, sobre todo, después de que el Ejecutivo decidiese cargar la tasa a las entidades financieras, hizo caer la firma de operaciones entre un 40 y 50%; aunque para conocer la realidad habrá que esperar a los datos que difunda el Consejo General del Notariado cuando compile los datos de las 2.800 notarías sobre el cierre de mes.

Varios bancos consultados aseguraron que la contratación se ha reanudado en idénticas condiciones y precio del que venían ofreciendo, aunque algunas entidades "empezaron a moverse" con cambios en sus ofertas más agresivas en los últimos días.

"Hoy no creo que ninguna haya cambiado nada. Sería muy poco oportuno", refieren en una entidad, donde cree que el sobrecoste sería limitado a lo largo de toda la vida del préstamo y su repercusión dependerá del juego de la competencia.

Según algunos cálculos, los alrededor de 2.500 euros a los que podría ascender el tributo puede implicar un impacto de 10 puntos básicos en un préstamo o, lo que es lo mismo, susceptible de elevar el diferencial que se aplica al préstamo por ejemplo desde un 0,9 al 1%.

Su traslación no tiene que ocurrir, ni en su integridad ni en parte, ni siquiera ir directamente al tipo de interés aplicado, ya que este tipo de operaciones suelen incluir un pack de productos susceptibles de reconsiderarse también si se necesita modular el precio.

Aún así, varias entidades sostienen que cada banco deberá sopesar bien su estrategia porque se trata de un producto de captación poderoso y con el que se establece una relación a muy largo plazo con el cliente. "No se va a poner en riesgo la relación con el cliente por el nuevo coste", refieren en otra entidad.

PRECIOS A LA MEDIDA DEL CLIENTE

En lo que coinciden varias entidades es en que todos los cambios introducidos a golpe de sentencias judiciales o cambios fiscales que obligan a tener en cuenta distintos costes (impuesto, notaría, gestoría, tasación...) invitan a las entidades a orillar el producto de catálogo por financiaciones a medida.

"Al final tendremos que adecuar las hipotecas al perfil de riesgo del cliente", refieren; algo que además estaría respaldado por el Banco de España que lleva tiempo exigiendo al sector que no ofrezca créditos a precios inferiores a los de su coste de producción.